Busca regular mecanismo de comparecencias de quien no acate recomendaciones de Derechos Humanos

Por Uriel Cázares Imagen: cortesía

Guanajuato, Gto.- La diputada del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia presentó una iniciativa a fin de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Guanajuato, a fin de regular el mecanismo de comparecencias de las autoridades de gobierno que no acaten las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato.

Lo anterior, luego de la primera comparecencia en la historia del estado ante diputadas y diputados del Congreso local, por parte del alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, por no acatar las recomendaciones de la PRODHEG, con número de expediente 101/17- D; comparecencia en la que por un “problema jurídico-parlamentario” (ver nota), el procurador Vicente Esqueda no tuve derecho a la palabra, aun cuando el alcalde en cuestión mintió, declaración posteriormente del ombudsman (ver nota).

De ahí que la propuesta del GPPRI consiste en regular el “mecanismo, que permita que, en futuras comparecencias, las reglas que la establecen sean preestablecidas, claras, y que por tanto, permita un mejor desarrollo y funcionamiento de las actividades parlamentarias que este Poder Legislativo realiza y que sin duda, trasciende hacia los guanajuatenses”, expuso en Tribuna.

En su iniciativa, la legisladora propone, un artículo 106 Quarter que en su segundo párrafo dice:

“El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato expondrá el contenido del expediente que motivó la emisión de la recomendación, así como las circunstancias particulares del caso que estime pertinentes”.

La iniciativa también incluye la exposición de motivos de la autoridad señalada como responsable, la participación de diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, así como,” en su caso, las autoridades o servidores públicos comparecientes podrán realizar una réplica, hasta por cinco minutos, al final de las intervenciones de los Diputados”.

La iniciativa no establece réplica por parte del ombudsman estatal.

Finalmente, el presidente de la Comisión “remitirá un informe a la Presidencia de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente que contendrá las conclusiones”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constituicionales para su estudio y dictamen.

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