Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto. –  El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Guanajuato con las que se crea el Consejo Estratégico de Proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de Desarrollo Social y Humano.

De igual manera se establece que es un órgano ciudadano de evaluación, asesoría y consulta, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de los proyectos sujetos de apoyo con los recursos del impuesto sobre nóminas por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Se precisa su integración en la que estarán participando las personas titulares de las Secretarías del Nuevo Comienzo, de Finanzas, de Seguridad y Paz, y de la Honestidad; del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, de la persona presidenta de cada una de las sedes del Consejo Coordinador empresarial en los municipios de León, Guanajuato, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende; y tres personas representantes de Asociaciones Civiles del Estado, a propuesta de los Consejos Coordinadores Empresariales y designadas por la persona titular del Poder Ejecutivo.

También se establecen sus facultades, entre ellas el emitir opiniones o recomendaciones al modelo, programa y reglas de operación; proponer a la persona titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, que puedan ser sujetos de apoyo en materia de desarrollo social; por mencionar algunas.

Además, se indica que el citado Consejo sesionará ordinariamente por lo menos tres veces al año y extraordinariamente cuando sea convocado por la persona que lo presida o por un tercio de sus integrantes.

Finalmente, en los transitorios se fija que el Consejo deberá instalarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación del Decreto; y que la primera presidencia será designada de común acuerdo por los Consejos Coordinadores Empresariales del Estado, así como su rotación.

Para hablar en contra del dictamen hicieron uso de la tribuna la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal.

Aguilar Castillo manifestó que el dictamen era una vergüenza porque el Consejo Estratégico era a modo para repartir los recursos del pueblo, lo anterior al subrayar su integración, ya que solo había tres personas de la sociedad civil que serían elegidas por los Consejos empresariales y por la persona titular del Poder Ejecutivo.

Subrayó que no escuchaba la voz de los empresarios que pagaban impuestos y de las asociaciones civiles que trabajaban por la población, que volvería a ser un medio para la corrupción, y recordó la serie de observaciones que tuvo el extinto FIDESSEG.

Finalmente, enfatizó que no iban a respaldar que de nueva cuenta se tuviera un modelo a modo que se presta a la corrupción.

Al hablar a favor del dictamen, la congresista Ana María Esquivel Arrona inició convocando a sus homólogos a votar a favor de la propuesta, al subrayar que Guanajuato necesita de todas y de todos, sin prejuicios ni exclusiones, sin barreras ni estigmas, sin distinciones que dividan aquello que los une: el compromiso con el bienestar común.

Argumentó que el desarrollo humano no se construye desde un solo sector, sino que el bienestar nace cuando el gobierno, la sociedad civil y el sector productivo se reconocen como aliados y ponen sus capacidades al servicio de un mismo objetivo: que la vida de las personas mejore de forma tangible.

Esquivel Arrona resaltó que la reforma es un paso importante hacia una nueva forma de gobernar, donde la ciudadanía se convierte en parte activa de las decisiones públicas, y que se reconoce que nadie por sí solo puede resolver los grandes desafíos sociales.

Remarcó que lo que se propone es la creación de un órgano donde las y los ciudadanos puedan debatir, deliberar y opinar sobre asuntos públicos, de manera estructurada, transparente y con incidencia real en decisiones que no solo son competencia del gobierno, sino que son un asunto del Estado.

Finalmente, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que existen contradicciones con la visión de las organizaciones de la sociedad civil al no incluirse en su totalidad su visión y restar representatividad a los organismos de la sociedad civil en la toma de decisiones por darle mayor peso a los organismos empresariales.

Agregó que el punto central de la propuesta es que los organismos de la sociedad civil van a estar elegidos por los empresarios, donde se aclara la importancia del sector empresarial, pero que también se tome en cuenta la legitimidad de la sociedad civil con mayor transparencia y de forma más directa.

En rectificación de hechos, el congresista Juan Carlos Romero Hicks refirió que el concepto de sociedad civil es amplio, y señaló que las decisiones deben ser informadas y consultadas, que el impuesto sobre nóminas no tiene nada que ver con la federación, que no hay fórmula en el mundo que garantice la participación de toda la sociedad civil.

En alusiones personales, el diputado David Martínez Mendizábal coincidió en que concordaba con su antecesor en que se tenía que sumar, sin embargo, remarcó que no se escuchó a la sociedad y lo que realmente señalan, sino que se interpretó desde un punto ideológico muy cerrado, por lo que instó a dejar participar a la gente que tiene que ver con indígenas, pobres, discapacitados.