Por Redacción Imagen: cortesía

Guanajuato, Gto.- El diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, presentó ante el Pleno del Congreso local una propuesta de punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobernador del estado, para que en el presupuesto de egresos del estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2024, se respete el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contempla que ningún funcionario puede tener un sueldo superior al del presidente de la República.

“En Guanajuato, somos al menos 79 funcionarios públicos los que recibimos un salario mayor al del Presidente de la República, para quien en el presupuesto de egresos de 2023 se le asignó un sueldo mensual bruto de 175 mil 511pesos entre los 79 funcionarios que perciben un sueldo mayor y además irrenunciable, nos encontramos las y los diputados, algunos secretarios y secretarias de estado, las y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, las y los magistrados y consejeros del Poder Judicial, así como el Fiscal General de Estado”.

Al hacer uso de su voz, el legislador expresó que el despilfarro de recursos públicos es algo que caracterizó a los anteriores gobiernos neoliberales de México en el periodo en que las y los altos funcionarios públicos se acostumbraron a tener altos sueldos mientras el pueblo carecía de la satisfacción de las necesidades más indispensables.

El legislador morenista recordó que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127 fracción II, establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, precisó.

Recordó que el gobierno federal ha disminuido de manera radical el presupuesto público que se destinaba a gastos no prioritarios, como lo es en comunicación social, la adquisición de vehículos, los gastos para viáticos y eventos. Además, eliminaron los seguros de gastos médicos mayores y se estableció como norma que el Estado mexicano sólo cubriría el pago de pensiones y jubilaciones contempladas en las leyes o decretos legislativos, por lo que las pensiones presidenciales que se sostenían en un decreto presidencial quedaron eliminadas.

Finalmente, el legislador morenista señaló que, si los excesivos salarios de funcionarios en el Estado se redujeran a lo que gana el presidente de la República, se podría ahorrar al menos 25.1 millones de pesos al año que bien podrían se pudieran utilizar para el beneficio de quienes más lo necesitan.