Por Carolina Esqueda

Imagen: Archivo/Alicia Arias

León, Gto. Hasta 155 empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en la ciudad han sido sancionadas o suspendidas desde 2020, por incumplir el reglamento.

Así lo informó José Antonio Horta, director del área de Seguridad Privada, ante la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, quien presentó los resultados de las verificaciones hechas desde el año pasado a empresas registradas en León.

Por reglamento, las compañías de seguridad privada deben contar con una conformidad otorgada por el Municipio, con vigencia máxima de un año, además de registrar a su personal, incluyendo sus datos biométricos, ante el Sistema de Gestión Integral para la Seguridad Privada de León. Hasta el momento 216 empresas cuentan con toda la regulación para operar.

De acuerdo con el reporte realizado por el área de Seguridad Privada, en 2020 iniciaron 116 procedimientos de sanción durante el proceso de conformidad contra empresas que incumplieron con el plazo de 10 días para renovar su permiso, mientras que en inspección y vigilancia aplicaron 155 suspensiones de empresas que prestaban sus servicios en 525 fraccionamientos privados.

Uno de los factores determinantes para las suspensiones fue que en el registro de biométricos de los guardias de seguridad contratados, apenas el 30 por ciento de las compañías había cubierto ese requisito.

Para 2021, el registro del personal creció al 75 por ciento global, que equivale a 3 mil 64 guardias de seguridad de un universo de  4 mil 80 personas reportadas por todas las empresas ante Seguridad Privada, y el empadronamiento adicional de 848 vigilantes que prestan sus servicios de forma autónoma.

La dirección también inició 21 procedimientos y 59 suspensiones durante enero y febrero de un total de 842 empresas detectadas prestando servicio a fraccionamientos habitacionales o centros comerciales.

La lista de empresas sancionadas o suspendidas, sin embargo, no puede ser dada a conocer a la población, debido a que la mayoría entraron en un proceso de regularización para volver a certificarse ante el municipio.

“El proceso de sanción es el inicio de un tema jurídico administrativo, no podemos darlo a conocer porque ellos están subsanando los errores que tienen para poder estar en conformidad. Si hubiese alguna que pierde el registro por no subsanar, esa información sí sería pública y, además, es de mucho interés decir quién ha perdido el registro para que los ciudadanos sepan que una empresa que tienen contratada está en la irregularidad. En el proceso que traemos solamente han sido suspensiones temporales o parciales y por eso no lo hemos dado a conocer”, dijo al respecto el síndico Christian Cruz Villegas, quien preside la comisión de Seguridad Pública.

Cruz Villegas aseguró que en la mayoría de los casos los mismos contratantes se dieron cuenta de que la empresa que les prestaba el servicio fue sancionada, ya que las inspecciones se hicieron en sitio y tras detectar que el guardia que cuidaba el lugar no estaba dado de alta en el sistema, fue retirado del lugar.

Hasta el momento, aseguró, todas las compañías sancionadas han presentado la documentación requerida para volver a operar.

“En cuanto veamos a alguna empresa renuente a argumentos legales más allá que operativos, o que quiera administrar seguridad privada, estaremos haciendo los señalamientos públicos” puntualizó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública.