Por: Redacción Imagen: Cortesía
Guanajuato, Gto.- Evadiendo sesionar de manera presencial, las y los diputados del PAN integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato pospusieron, por segunda ocasión, la dictaminación de las tres iniciativas en materia de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, al eliminar del orden del día el punto correspondiente.
Ello, pese a que el próximo 30 de septiembre vence el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al Congreso local para modificar su Código Penal e invalidar diversas disposiciones que criminalizan el derecho de las mujeres a decidir.
Ante esta negativa, el diputado presidente de dicha comisión, Abraham Sotomayor, señaló que no habría tiempo suficiente para volver a subir el punto al orden del día y lograr su dictaminación dentro del plazo otorgado.
“Lo que queda muy claro es que ustedes (el PAN) bajaron del orden del día un tema muy prioritario para las mujeres; ese es el centro de atención del día de hoy”, señaló Abraham Sotomayor.
Al hablar al respecto, la diputada Jenny Oliveros, de Morena, calificó como triste y vergonzoso que el Congreso no acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No pueden pretender, desde el discurso, decir que son partidarios de los derechos humanos cuando por años los han rechazado. Y aunque sé que varias y varios diputados de Acción Nacional saben que están en un error y en una contradicción permanente, les puede más el no perder los pocos votos que les quedan”, señaló Jenny Oliveros.
Por su parte, Edith Moreno Valencia evidenció lo que calificó como una doble moral y falta de empatía por parte de Acción Nacional, al negarse a reconocer los derechos reproductivos de las mujeres guanajuatenses, pese a que los pasos de análisis y metodología de estas iniciativas ya han sido cumplidos.
“La autonomía de las mujeres comienza por dejarlas decidir. Una de las decisiones más importantes es ser madre; nadie se embaraza para abortar, pero aquellas que deciden hacerlo no deben cargar con los estigmas y con la criminalización del Estado”, señaló Moreno Valencia.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Plásida Calzada cuestionó con firmeza: “¿Están con las mujeres o están contra ellas?”
Señaló que la determinación de continuar posponiendo la despenalización vulnera particularmente a las mujeres guanajuatenses que viven en condiciones de precariedad y limita el acceso efectivo a sus derechos.
“La justicia no puede depender del lugar donde vivimos. Ninguna mujer debería ir a la cárcel por tomar una decisión sobre su vida. Hoy existe un mandato directo de la Suprema Corte, la cual preside un ministro de origen indígena (…) Es un mandato para dejar de criminalizar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo”, señaló.
En su intervención, el diputado y también médico Antonio “Toño” Chaurand refirió que no existen datos oficiales que correlacionen la despenalización del aborto con un incremento en los procedimientos de este tipo.
Reiteró que Morena no busca promover el aborto, sino cesar la criminalización de las mujeres que recurren a él.
“Es muy importante aclarar que no estamos a favor de promover el aborto, no es esa nuestra postura. Nuestra postura, y la hemos manifestado en múltiples ocasiones, es no criminalizar a la mujer que tomó esa decisión por sus circunstancias propias de vida; se trata de respetar a esa mujer, su decisión y no poner en riesgo la vida de las mujeres”, señaló.
Finalmente, el diputado David Martínez Mendizábal recriminó que nuevamente el PAN haya bajado del orden del día la discusión del punto relativo a la interrupción voluntaria del embarazo.
Reiteró que las mujeres deben poder contar con más alternativas y libertad para decidir sobre su maternidad, y que el Congreso de Guanajuato debe atender el mandato derivado de las resoluciones de la Suprema Corte.
“La Suprema Corte ya resolvió; lo que falta es publicar el decreto de la declaratoria de inconstitucionalidad”, reiteró.
Con el 30 de septiembre cada vez más cerca, Morena reiteró que el Congreso de Guanajuato no puede seguir postergando una discusión que involucra derechos, justicia y salud de las mujeres. Las y los legisladores del Grupo Parlamentario señalaron que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de atender el mandato de la Suprema Corte y dejar atrás cualquier forma de criminalización.
