Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto.- Este martes la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, el llamado “Plan B” propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue rechazado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.

Con los votos en contra del PAN, PRI y PVEM, la Comisión decidió aprobar el dictamen en sentido negativo. Votaron a favor Morena y Movimiento Ciudadano.

El congresista Juan Carlos Romero Hicks indicó que la aprobación de esta minuta se hizo en menos de 12 horas y en ambas Cámaras ya se hizo la declaración de procedencia por lo que era inminente su publicación por la presidenta de México.

Puntualizó que las reformas consisten en la modificación de tres artículos: el 115 que se refiere a la vida municipal, el 116 que habla del tamaño de los Congresos y el recurso financiero que pueden tener y el 134 que aborda los correspondiente a los recursos públicos que deben manejarse con eficiencia, transparencia, eficacia, honestidad y rendición de cuentas, y que limita desde la Constitución las percepciones que pueden recibir las personas que están en el servicio electoral.

Remarcó en que creen que debe haber un respeto a la Constitución en toda su interlocución interna, en su lógica de cómo está diseñada, que siempre debe haber actuación de autoridades dentro del marco legal, que no debe haber arbitrariedades, no debe haber privilegios y debe haber garantía y certeza jurídica, pero, al mismo tiempo, abundó estamos en un estado federalista, porque el dictamen no es federalista, municipalista y no atiende ningún problema serio en el país.

Enfatizó que si hay algo que se necesita es que, si los Congresos tienen excesos, se limiten, pero era al contrario requerían más recursos para sus áreas de investigación, publicaciones, para el servicio civil de carrera, para su fortalecimiento en general.

Al comentario de su antecesor se sumó la diputada Susana Bermúdez Cano y señaló que la minuta incorpora elementos como porcentajes específicos, prohibiciones detalladas y reglas operativas que por su naturaleza no deberían estar en la Constitución, pero podrían ser adecuadamente tratadas en leyes secundarias.

Argumentó que desde la perspectiva de la teoría constitucional ello puede generar una rigidez normativa excesiva, limitando la capacidad del legislador ordinario para ajustar las disposiciones conforme a las necesidades sociales.

Consideró que, si bien la minuta persigue objetivos legítimos vinculados a una supuesta austeridad, una igualdad sustantiva y un supuesto fortalecimiento de la vida democrática, su diseño normativo plantea diversas inestabilidades no solo con el principio federal sino con la autonomía de las entidades federativas, los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos político-electorales.

Finalmente, remarcó que la reforma reduce estructuras, ajusta presupuestos y modifica reglas operativas, pero no toca, por ejemplo, uno de los problemas más graves del sistema electoral: la captura de procesos por parte del crimen organizado. Resaltó que estaban bajo un debilitamiento institucional bajo el argumento de austeridad, al reducirse capacidades de instituciones claves, lo que puede afectar la organización, vigilancia y certeza en las elecciones, simulación del cambio y sobrerrepresentación.

En su oportunidad, el legislador Rodrigo González Zaragoza señaló que el sistema electoral vigente ya está caduco, que hace muchos periodos electorales se viene señalando que el sistema político ha quedado rebasado y eso ha sido una merma histórica, por la disparidad que existe entre los aparatos gubernamentales, legislativos, entre el ejercicio republicano de los poderes.

Abundó en que hay poderes ejecutivos en muchos que tienen hasta cuatro veces más que el Poder Legislativo o el Poder Judicial, y siempre en época electoral hay problemas en la eficiencia del gasto y a dónde va dirigido. En cuanto al sistema de partidos, indicó que estaban a favor de que se reduzca el financiamiento hacia los partidos porque hay mucho dispendio, y que la reforma terminó siendo administrativa, los congresos locales deben tener un techo presupuestal, en cuanto a los ayuntamientos también debe haber un tope porque muchos rebasan las 15 regidurías y las sindicaturas a 1, por lo que ese tipo de reformas valen la pena, por lo que estaban en contra del dictamen negativo.

El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero refirió que como lo han dicho muchos historiadores y filósofos las historia se repite y es cíclica, y que en 2014 se hizo una reforma pensando en los excesos y abusos que tenían los institutos locales electorales, decía que en Guanajuato no les quedaba, y hoy pasaba lo mismo, porque se hacían ajustes que invaden esferas constitucionales sobre la libre determinación de los estados y la libre configuración municipal.

Añadió que se hacía por los excesos y abusos que hay en muchos otros estados del país, pero que lamentablemente no era el caso de la entidad, lo que se necesitaba era una reforma que viniera a poner reglas claras al proceso electoral y quitara tantas prohibiciones. Subrayó que no va a acompañar el dictamen, que otras cosas que se dejaron fuera como la representación proporcional eran más valiosas, la injerencia del crimen organizado y el retirar tantos candados.

Concluyó al puntualizar que se deben generar reformas constitucionales que perduren en el tiempo y que permitan la confianza del ciudadano a votar, y esta reforma no generaba más confianza ciudadana en las elecciones.

En su participación, la congresista María Eugenia García Oliveros se pronunció en contra del dictamen negativo al indicar que estaban frente a una oposición derrotada, ya que el pueblo exigía transformar la democracia, austeridad y ver reflejados los recursos públicos en el bienestar colectivo.

Refirió que la minuta contiene cinco puntos clave: la reconstrucción de los ayuntamientos, con un presidente, un síndico y hasta 15 regidurías; que los presupuestos anuales de los congresos locales no excedan al 70% del presupuesto total de egresos de cada entidad federativa; la eliminación de privilegios en cuanto a quienes laboran en lo electoral no ganen más de la mitad de lo que gana la presidencia de México; que los ahorros generados se destinen exclusivamente a obras de infraestructura y desarrollo local y el fortalecimiento de la paridad de género, garantizado su cumplimento tanto horizontal como vertical.