Por Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- Con el propósito de contribuir a la consolidación del Sistema de Justicia Penal en México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), implementará en el estado un proyecto para realizar, en principio, un diagnóstico.

En la reunión de trabajo el Gobernador dijo que en la entidad se han asumido los deberes correspondientes desde la entrada en vigor de las reformas constitucionales que se establecieron en el Sistema Procesal Penal Acusatorio.

En su intervención Yezka Garza Ramírez, Coordinadora del proyecto impulsado por la ONU, explicó a los asistentes que el proyecto permitirá conocer el estado de consolidación del Sistema de Justicia Penal en México a través de diferentes herramientas con la finalidad de optimizar la operación del sistema procesal penal en México.

El proyecto tiene un plan de trabajo  conformado por tres etapas: calibración, implementación y presentación de recomendaciones.

En enero pasado inició la etapa de calibración en los estados de Oaxaca, San Luis Potosí y Coahuila, donde a lo largo de cuatro meses se probaron diferentes herramientas para garantizar que se refleje el cumplimiento de estándares de desempeño.

En junio se inició la etapa de implementación, donde se llevará a cabo la aplicación de herramientas calibradas en los 32 estados de la República a fin de medir el desempeño de operadores y condiciones de las salas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Esta fase tendrá una duración de dos años. La implementación inicia este mes de junio para los estados que ingresaron a la fase 1: Colima, Campeche, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Oaxaca y concluirá en noviembre de 2019.

En esta etapa se aplicarán herramientas que permitirán realizar un Diagnóstico sobre el desempeño de operadores clave del SJP dentro de las audiencias, estos son: Fiscalía que comprende al Policía Investigador, Ministerio Público, Facilitador y Perito. Al Tribunal que incluye al Juez de Control y Juez de Juicio Oral. En Seguridad Pública incluye al Policía Primer respondiente (estatal) y Policía Primer respondiente (municipal), y a la Defensoría.

De esta manera, se busca identificar buenas prácticas y áreas de oportunidad en las instituciones de seguridad y justicia y generar recomendaciones puntuales por entidad federativa.