Guanajuato, Gto. –  Esta martes por la mañana, la Comisión para la Igualdad de Género llevó a cabo una reunión regional para revisar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

Al dar la introducción a la reunión, la congresista Susana Bermúdez Cano señaló que el objetivo es escuchar los retos que han encontrado en la aplicación de la norma, o bien, si desde su perspectiva las reformas realizadas han perjudicado en la práctica.

En ese sentido, resaltó que buscan que su experiencia se refleje en el trabajo legislativo y los ayude a identificar los vacíos que pudiera presentar la norma, o si se requieren modificaciones para precisar las responsabilidades de las autoridades y atender los obstáculos.

La legisladora subrayó que tras cada artículo que hoy revisan o de cualquier problemática que reconozcan y que no hayan ubicado en el articulado se debe comentar, porque hay situaciones que afectan la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas, y deben saber a dónde acudir y también reconocer que las condiciones son distintas en cada municipio.

Rocío Carrillo Díaz del Poder Judicial se refirió a la necesidad de modificar el nombre de la norma para aludir a violencias en general, tener el deber reforzado de protección en el artículo primero, establecer en el glosario el Centro de Justicia para las Mujeres y verificar cómo poder realizar el registro de las órdenes de protección y homologarlo.

Por su parte, Elizabeth Durán Isaías de la Fiscalía General del Estado expuso como consideración la pertinencia de valorar la expedición de una nueva ley en la materia, tomando en consideración que ya lleva 16 años de expedida y múltiples modificaciones que han dado lugar a diferencias sustanciales respecto a la ley general; revisar lo relativo a autoridades administrativas; acotar la terminología a estándares internacionales; incorporar en la norma lo relativo al uso de la inteligencia artificial, particularmente en lo que respecta a la violencia digital; revisar la denominación de violencia vicaria para hacerla consistente con el tipo  penal; ampliar los tipos y modalidades de violencia; y valorar mantener el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres dando que ya existen otros registros como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

En su oportunidad, Viviana Cifuentes Adón de la Secretaría de las Mujeres habló sobre la violencia psicológica, su definición y los ajustes requeridos; ampliar la definición de violencia psicológica y económica; incorporar a la Secretaría de los Derechos Humanos al Consejo; sobre el derecho a contar con un refugio, se sugiere que sean refugios, pero también casas de transición; entre otros.

Al hacer uso de la voz, Guillermo Aguirre Fonseca de la Secretaría de Derechos Humanos precisó que es necesario el recurso para hacer efectiva la protección, por lo que proponen vincular la planeación presupuestal con metas concretas; precisar las condiciones de accesibilidad que prestan los refugios, ya que no se establecen expresamente los apoyos de comunicación y las adecuaciones que algunas mujeres necesitan para utilizarlos.

Por parte de las representantes de los ayuntamientos se refirieron a la asesoría de los municipios para crear políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y pidieron que se agregue la asistencia técnica; adicionar el derecho al cuidado en el glosario; modificar el término agresor por persona agresora; modificar la redacción del término de refugio; adicionar la corresponsabilidad en los cuidados, la no revictimización institucional en los principios rectores; implementar sistemas municipales integrales de cuidado; que se trabaje en conjunto con todas las Fiscalías del país por el tema de los deudores alimentarios; entre otros.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género), Ana María Esquivel Arrona y Sandra Alicia Pedroza Orozco. Además, las acompañaron Rocío Carrillo Díaz del Poder Judicial; Elizabeth Durán Isaías de la Fiscalía General del Estado; Avril Villegas Hernández de la Consejería Jurídica; Viviana Cifuentes Adón de la Secretaría de las Mujeres; Guillermo Aguirre de la Secretaría de Derechos Humanos; así como de los Institutos de las Mujeres de los municipios de Purísima del Rincón, de León y de San Miguel de Allende.