Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto. –  La diputada Plásida Calzada Velázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil estatal y a la Ley de Representación Gratuita en Materia Civil con el objeto de que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como personas morales; y para que reciban representación legal de forma gratuita en el ámbito de la impartición de justicia civil.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la congresista comentó que la autonomía es el mecanismo mediante el cual los pueblos indígenas ejercen su derecho a la libre determinación.

Agregó que los avances que reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con capacidad jurídica, no les ha permitido practicar plenamente su autonomía para ejercer sus derechos, lo que genera dependencia institucional, y límites en su autodeterminación.

Calzada Velázquez afirmó que la legislación civil en la entidad no reconoce a los pueblos y comunidades indígenas con personalidad jurídica ni capacidad legal para defenderse colectivamente frente a otro particular en ese ámbito.

Apuntó que ser sujetos de derecho público, tal como lo mandata la Constitución, tanto federal como local, implica reconocer un cuarto ámbito de gobierno y autoridad pública: los pueblos y comunidades indígenas, lo que supone tanto derechos como responsabilidades, pero de forma general, protege su derecho a la autodeterminación mediante el ejercicio de su autonomía.

“Es necesaria una reforma al Código Civil del Estado de Guanajuato, en donde los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como personas morales con capacidad jurídica, partiendo de que los mismos son instituciones que llevan siglos habitando en el país y preceden la existencia misma del Estado mexicano”, enfatizó la congresista.

Finalmente, añadió que eso se traduce a que trámites que competen al ámbito civil puedan llevarse a cabo sin la tutela e intervención del Estado, respetando la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.