Por Uriel Cázares

Durante la sesión del Pleno del Congreso del estado de Guanajuato de este jueves 25 de abril, fueron varios los temas que se abordaron.

Pensión Alimenticia, propuesta de reforma al Código Civil

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Emma Tovar Tapia, presentó en tribuna una iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, la cual consiste en hacer retroactivo “el pago de la pensión alimenticia”; que incluso un adulto pueda reclamar el pago de aquellas necesidades alimenticias que no le fueron subsanadas cuando era menor de edad.

Que sea retroactivo el cobro, “en aquellos casos en que los progenitores, injustificadamente hayan omitido el pago de los medios necesarios para la subsistencia del menor”.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia

Sobre Derechos de niñas, niños y adolescentes

La propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, en voz de la diputada Katia Cristina Soto Escamilla, consiste en “la obligación para que el Ayuntamiento establezca un sistema municipal de protección para las niñas, niños y adolescentes, que será presidido por el presidente municipal y contará con una secretaria ejecutiva para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Consiste, además, en facultar a los presidentes municipales para que sean ellos quienes designen y remuevan “a quien funja como responsable de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el municipio, y quien sea nombrado cuente con experiencia en materia de asistencia social.

Eligen a representantes ciudadanos ante Sistema Estatal Anticorrupción

Uriel González López (28 votos) y Adolfo Anguiano González (26 votos) fueron elegidos como representantes ciudadanos ante la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, durante 3 años a partir del momento que tomen protesta.

Asuntos Generales

La reforma educativa, un retroceso

En asuntos generales, el diputado Armando Rangel Hernández, lamentó la aprobación de la reforma Educativa por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, misma que turnó a la Cámara de Senadores para su aprobación o no.

Es un retroceso educativo a la calidad educativa de este país, puntualizó. Esta reforma tenía avances, como “la  creación del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, un instituto que se diseñó autónomo para que pudiera garantizarle a la sociedad que las evaluaciones reflejaran la realidad y no al interés del gobernante en turno”. Ya no se quiere un organismo autónomo, hoy se quiere “un sistema de evaluación educativa carnal”, afirmó.

Aunque, del sistema de evaluación, criticó la parte punitiva, la que condicionaba la permanencia del maestro al frente del aula ante una evaluación deficiente; mientras que lo oportuno es brindarle oportunidades de capacitación.

“Es lamentable que se invierta más en la evaluación educativa que en procesos de capacitación docente”.  Diputado Armando Rangel Hernández.

Derecho a la Salud

La diputada por Morena, Ma. Guadalupe Salas Bustamante, pidió al pleno del Congreso, hacer un atento exhorto al Procurador de los Derechos Humanos, a efecto de que se instalen módulos de atención en las diversas instituciones del sector salud y se implemente un mecanismo, por medio del cual, los usuarios del sistema de salud “tengan un rápido y eficaz acceso a interponer las quejas” cuando sientan vulnerados sus derechos a la salud.

Falta de austeridad en el gobierno estatal

Finalmente, el diputado Ernesto Prieto Gallardo hizo uso de la voz para referirse a la congruencia en los actos de austeridad y gastos del Gobierno del Estado, ya que consideró que solapa su mal gobierno y los que antecedieron con los llamados recortes federales.

Asimismo, señaló que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han buscado esquivar todos los intentos detener un estado austero, que se comprometa a buscar que la desigualdad guanajuatense disminuya y que los privilegios desaparezcan.

El legislador enlistó una serie de gastos que consideró excesivos tales como gastos de representación, en congresos y convenciones, y gastos de comunicación social. Además de salarios exorbitantes, gastos en la oficina de enlace del Gobierno Estatal en la Ciudad de México, viajes en helicóptero, viáticos y seguros de gastos médicos mayores.

Señalo que si se redujera a la mitad estos gastos se tendría un ahorro de alrededor de 800 millones de pesos en cuatro años, lo necesario para poner en funciones el hospital en León y se podría hacer una inversión en seguridad en el estado.

Seguridad

En su participación, la diputada Vanessa Sánchez Cordero hizo un llamado actuar con en la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como ser cautos en que no se violen las garantías previstas en la Constitución para proteger los Derechos Humanos de las personas, ya que no solo se trata de quienes cometen un delito, sino de cualquier persona que pudiera ser señalada como probable responsable.

Respecto a la propuesta presentada por el Ejecutivo Estatal en la materia, la legisladora dijo que “no hay indicios de que se pretenda hacer mediante las leyes correspondientes, y todo indica que se intenta hacer por vía de acuerdos o decretos, lo que dejaría plenamente al arbitrio del ejecutivo estatal, o peor aún, la fiscalía general del estado, la forma en que se estructura esta unidad y los alcances de sus atribuciones”.

Asimismo, indicó que en próximos días se estará presentando una propuesta para solicitar al Gobernador del Estado y en su caso al titular de la Fiscalía General del Estado, información respecto a la forma en que se plantea instrumentar la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Además, que se considere para su creación, la opinión del Congreso del Estado, del Poder Judicial, del Procurador de los Derechos Humanos, así como de expertos y catedráticos en la materia para perfilar la creación de la unidad a cargo de la investigación de situaciones patrimoniales irregulares e ilícitas.

En rectificación de hechos, la diputada Cristina Márquez Alcalá refirió que se han realizado acciones específicas y contundentes desde el Poder Legislativo, trabajando en conjunto con la estrategia de seguridad que el Gobierno del Estado lleva a cabo. Apuntó que no se puede especular en la creación de la Unidad referida y que actualmente en el Congreso se está analizando y trabajando en el delineamiento de los tipos penales que tienen que ver con las facultades con las que trabajaría esta Unidad.