Por: Uriel Cázares
León, Gto.- Situaciones de tortura, maltrato, acoso sexual -principalmente mujeres-, hacinamiento en celdas, mala higiene en alimentos, fauna nociva (cucarachas muertas), falla comunicación con el exterior, carencias de servicios de ginecología y salud preventiva para mujeres; y deficiencias críticas en atención en salud mental, fueron algunos de los principales hallazgos que descubrió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), luego de un estudio realizado en centros penitenciarios.
Este miércoles en rueda de prensa, la procuradora de los Derechos Humanos, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, acompañada del secretario general, Eliseo Hernández Campos, presentó los resultados del Informe Temático de Supervisión a Centros Penitenciarios 2025.
La procuradora informó que, en cuanto a tortura y maltrato, las situaciones ocurrieron en los centros de Pénjamo y San Felipe; se reportaron 23 expedientes de queja en 2025.
Karla Gabriela Alcaraz Olvera, puntualizó que es una prioridad urgente la capacitación constante del personal, para evitar y erradicar estas prácticas.
Dicho estudio se realizó en nueve Centros Estatales de Prevención y Reinserción; en dos Centros Estatales de Prevención Social y en un Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes
Para la población varonil se aplicaron cuatro tipos de cuestionarios; y a la población femenil se aplicaron 126 cuestionarios.
De manera adicional se aplicaron cuestionarios específicos a 80 personas sujetas a protección; a 32 personas sancionadas; a 233 personas mayores y con discapacidad; y también a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, a personas que viven con VIH y a personas de la diversidad sexual y de género, de estas encuestas fueron 258, informó la procuradora.
Destaca que por primera vez en la historia la PRODHEG realiza un estudio de este tipo, “el principal objetivo de este informe fue identificar áreas de oportunidad desde una perspectiva de Derechos Humanos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la reinserción social”, puntualizó Karla Gabriela Alcaraz Olvera.
Será la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado la que tendrá que hacer lo que le corresponda, velar por la dignidad de los internos, porque, como dijo la procuradora, “en un estado democrático, la privación de la libertad, constituye una sanción impuesta por la autoridad, no la pérdida de la condición humana ni de los derechos fundamentales”.
El cuarto hallazgo corresponde a casos de hacinamiento en los centros de Celaya y Pénjamo; el quinto hallazgo, refiere a dificultades de los internos para comunicarse telefónicamente con organismos públicos de derechos humanos; el sexto hallazgo, es relativo a la salud. No es oportuna la atención y las medicinas no llegan a tiempo tampoco. Además de que no existe el servicio especializado de ginecología para las mujeres dentro de los centros.
El séptimo hallazgo fue en materia de salud mental; solo hay un psiquiatra para alrededor de 1 mil 600 personas privadas de su libertad en todos los centros penitenciarios; además de carencias en la atención psicológica.
El octavo hallazgo, la visita familiar e íntima, las mujeres privadas de la libertad, enfrentan mayor riesgo de abandono; y el noveno hallazgo, fue la atención diferenciada, se requieren mecanismos adecuados para atender a la población indígena, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que viven con VIH y personas de la diversidad sexual y de género.
Para finalizar, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, puntualizó que “es indispensable, sí, promover espacios en donde haya una efectiva reinserción social, eso implica generar al interior las condiciones necesarias para las personas privadas de la libertad para que accedan a salud, capacitación, trabajo, y educación, por ejemplo.
Anuncio que, para el último trimestre del año, se realizará la segunda visita de seguimiento a dichos centros penitenciarios.
Agregó que este primer ejercicio se realiza luego de las reformas al reglamento interno donde el área de vinculación ya tiene estas facultades para realizar la visita de supervisión de manera anual.
Los centros supervisados fueron en los municipios de León, Pénjamo, San Miguel de Allende, San Felipe, Guanajuato, Acámbaro, Celaya, Irapuato, Valle de Santiago y Salamanca.
