Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo González presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, con el propósito de establecer un marco jurídico que garantice una pensión no contributiva estatal para personas con discapacidad permanente menores de 65 años.

En el documento se señala que la propuesta busca fortalecer la protección social de uno de los sectores de la población que enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad, al reconocer el derecho a contar con un apoyo económico que contribuya a mejorar su calidad de vida y favorezca su inclusión plena en la sociedad.

Se explica que la iniciativa parte de los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de los Estados de adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, se indica que la reforma incorpora el concepto de pensión no contributiva dentro de la legislación estatal y establece las bases para su implementación, precisando que este apoyo económico tendrá como finalidad contribuir a reducir las condiciones de desigualdad y exclusión que enfrentan las personas con discapacidad permanente.

En el texto se argumenta que se contempla que la Secretaría competente sea la encargada de integrar y administrar un padrón de personas beneficiarias, además de establecer mecanismos para la operación, actualización y supervisión del programa, con criterios de transparencia, objetividad y respeto a los derechos humanos.

De igual manera, se prevé que las autoridades estatales destinen, de manera progresiva y conforme a la disponibilidad presupuestal, los recursos necesarios para hacer efectivo este derecho.

Finalmente, se remarca que se busca consolidar una política pública permanente que complemente los esfuerzos realizados en materia de inclusión, accesibilidad y protección social, colocando en el centro la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.