Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto. – Las personas diputadas integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la investigación y persecución de los delitos vinculados con la delincuencia organizada.

En el documento se señala que la seguridad pública constituye una función esencial del Estado mexicano y una condición indispensable para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo que resulta necesario adecuar el marco jurídico vigente ante la evolución y expansión de las organizaciones criminales.

Se indica que, durante las últimas décadas, los grupos delictivos han incrementado su capacidad operativa, territorial y de adaptación, desarrollando nuevas modalidades de actuación que rebasan los esquemas tradicionales de persecución penal, situación que exige revisar y fortalecer los mecanismos institucionales para combatir este fenómeno.

En el texto se destaca que las fiscalías de las entidades federativas cuentan con ventajas operativas relevantes, entre ellas la cercanía territorial, el conocimiento del contexto social y criminal de sus regiones, así como una capacidad de respuesta inmediata frente a la comisión de delitos; sin embargo, el diseño constitucional vigente limita su participación en la persecución de conductas relacionadas con la delincuencia organizada.

Asimismo, se argumenta que las reformas constitucionales que dieron origen al actual modelo de combate a la delincuencia organizada representaron avances importantes en su momento, pero que las transformaciones experimentadas por las estructuras criminales hacen necesario actualizar el marco normativo para responder de manera más eficaz a los desafíos actuales en materia de seguridad y procuración de justicia.

Se agrega que la propuesta busca fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos, así como dotar de mayores herramientas jurídicas a las autoridades competentes para enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales.

Finalmente, se puntualiza que la iniciativa pretende contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la protección de la seguridad de las personas y la consolidación de mecanismos más eficientes para combatir los delitos de alto impacto que afectan a la sociedad mexicana.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.