Por Alicia Arias

Imagen: Archivo/AliciaArias

Ciudad de México. Senadores de la república, como Martha Lucía Mícher Camarena, preparan un punto de acuerdo para que el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, acuda a la cámara alta a comparecer por los señalamientos en su contra.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) es señalado, cada vez con más frecuencia, por falta de independencia, encubrimiento institucional y ausencia de investigación; mientras que víctimas de desaparición y de violencia sexual lo acusan de revictimización institucional.

La intención de algunos integrantes del Senado de la República derivó como consecuencia de la visita que hicieron este siete de diciembre a las instalaciones del senado un grupo de personas que han estado denunciando públicamente el deficiente desempeño de la fiscalía estatal.

María José Velázquez Navarro, víctima de violencia sexual, presuntamente cometida por Jorge Alberto RomeroVázquez, diputado federal electo del Partido Acción Nacional (PAN), participó en diversas actividades en el Senado de la República y sostuvo comunicaciones con senadoras y senadores de la Comisión de Derechos Humanos, informó la Plataforma Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato .

En un posicionamiento público, en la que participó María José, la senadora por Guanajuato Martha Lucía Mícher Camarena, expresó que su fracción parlamentaria (Morena) presentará un punto de acuerdo para llamar a comparecer al fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

Como se recordará el pasado seis de diciembre, María José y su abogada, Dalia Ramírez Delgado, ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que la fiscalía guanajuatense ha omitido realizar diligencias ministeriales que permitirían judicializar la carpeta de investigación por el delito de violación espuria, tal como ha sucedido con el caso de Regina Irastorza Tomé. “Me han revictimizado”, denunció María José; y en la misma conferencia se mencionaron otros dos casos de violaciones graves a derechos humanos.

También se ha denunciado la ausencia de investigación en el caso de la muerte del alto funcionario bancario Jorge González Topete, encontrado sin vida en un hotel de la ciudad de León, en el año 2015. Se acusa a la fiscalía de haber archivado la investigación concluyendo que se trataba de un suicidio, lo que llevó a la viuda, Laura Elena Díaz Infante, a investigar por su propia cuenta para demostrar que no fue un suicidio. En este caso se señala que la fiscalía inventó pruebas en la investigación.

Otro señalamiento se refiere a la inacción de la fiscalía frente a grupos delincuenciales en el caso del secuestro de Juan Rodríguez Calcanas y Kevin Damián Martínez Barrón, privados de su libertad en junio de 2019.

“Les hadado todo para que actúen y no lo hacen”, ha denunciado Norma Patricia Barrón Núñez, pareja de Juan y madre de Kevin, quienes, acompañadas por integrantes de la  Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, solicitaron a la Oficina en México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, su colaboración en la  documentación de los casos para enviar comunicaciones a los Procedimientos Especiales que sean necesarios para documentar las omisiones, incluido el Relator sobre la Independencia de Jueces y Abogados, cuyo mandato incluye la revisión de las fiscalías.

“En su conjunto, las víctimas exigen que se cumpla lo establecido en diversos instrumentos universales de derechos humanos que establecen que el sistema de justicia debe resolverlos asuntos que conozca con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”, informó la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.