Por Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- La Comisión de Justicia del Poder Legislativo pedirá a la Fiscalía General del estado de Guanajuato (FGE), documentación relativa a la detención de las mujeres familiares de personas desaparecidas que se manifestaron el pasado 10 de julio en la glorieta Santa Fe y que aún enfrentan cargos por el delito de obstrucción a las vías generales de comunicación.

Y es que la diputada María Magdalena Rosales Cruz de Morena, propuso exhortar al fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, “para que, en ejercicio de sus facultades de dirección y control, ordene el cierre de las carpetas de investigación abiertas a partir de los arrestos realizados en la manifestación del día 10 de julio, en contra de los familiares de las víctimas quienes, por ejercer el derecho a la libre manifestación, fueron detenidos de manera arbitraria y, en su caso, acuerdos.”

En aquella ocasión, mediante un comunicado de prensa, la CNDH y la ONU-DH exigieron “la liberación inmediata de Gisela Berenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, familiares de personas desaparecidas y la activista María del Carmen Ramírez, que aún permanecen detenidas”. (Ver nota) 

En cuanto a la documentación que acordó solicitar la Comisión, servirá para “hacer un adecuado pronunciamiento de esta comisión, reiterando que coincidimos en el fondo, por completo, de lo que en él se manifiesta”, señaló la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión.

La diputada por el PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, hizo referencia a una solicitud de audiencia por parte de las mujeres que enfrentan los cargos ante la FGE, a fin de que comenten directamente lo sucedido ante la Comisión y dicho testimonio se tome en cuenta para el exhorto que se hará al fiscal.

Lo anterior, a más de tres meses que dicho acontecimiento fue condenado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ONU DH; y que la FGE mantiene abiertas las carpetas investigación en contra de las mujeres que fueron detenidas cuando demandaban al Estado atender la búsqueda de sus seres queridos; y en protesta a la designación de Héctor Díaz Ezquerra como titular de la Comisión de Búsqueda.