Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto. – Las personas diputadas Plásida Calzada Velázquez y David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de Abasolo, Apaseo el Alto, Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria para que realicen las acciones normativas, administrativas y presupuestales para crear, instalar y poner en funcionamiento la unidad administrativa municipal encargada de la atención de la diversidad sexual y de género.

Además, le asignen los recursos humanos, materiales y financieros indispensables para el ejercicio efectivo de sus atribuciones; y garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus municipios.

De igual manera, a la gobernadora del estado para que instruya a la Secretaría de Derechos Humanos y a la unidad responsable de la ejecución, promoción e impulso de las acciones en materia de diversidad sexual y de género, a fortalecer la coordinación institucional con los ayuntamientos que aún no cuentan con la citada unidad administrativa municipal, proporcionarles asesoría jurídica, asistencia técnica y acompañamiento institucional para la adecuación de sus disposiciones reglamentarias, la definición de su estructura administrativa, la elaboración de sus programas municipales, la asignación de recursos y la capacitación de las personas servidoras públicas responsables.

Finalmente, para que promueva, con la intervención que legalmente corresponda a la Secretaría de Gobierno, la celebración de los convenios de coordinación necesarios para el cumplimiento integral de lo estipulado en la norma.

Al presentar las consideraciones de la propuesta, la diputada Plásida Calzada Velázquez  destacó que el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género es resultado de décadas de organización social, activismo y participación ciudadana, proceso que derivó en la aprobación y publicación de la legislación estatal en junio de 2024.

Señaló que dicha ley establece la obligación de que los 46 ayuntamientos cuenten con organismos municipales encargados de impulsar políticas públicas, programas y acciones para la atención de las personas de la diversidad sexual y de género, con un enfoque de derechos humanos.

No obstante, indicó que la implementación de la norma ha sido desigual, pues refirió que, de acuerdo con información pública, únicamente 24 municipios instalaron esas instancias, mientras que 22 aún no formalizan los organismos previstos en la legislación.

Finalmente, la congresista también señaló que la responsabilidad de garantizar la aplicación de la ley no corresponde únicamente a los ayuntamientos, sino que involucra a las autoridades estatales competentes, particularmente a la Secretaría de Derechos Humanos, a fin de brindar acompañamiento, asistencia técnica y coordinación para lograr el cumplimiento de las obligaciones previstas en la norma

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.