Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, lleve a cabo las acciones necesarias para integrar partidas presupuestales en el proyecto de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, con la finalidad de que se materialicen los derechos de autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.

Al hacer uso de la voz para hablar sobre las consideraciones de la propuesta, la diputada Plásida Calzada Velázquez comentó que, la lucha por los derechos a la autonomía y autodeterminación han estado en el centro de las luchas indígenas desde que pueden denominarse así.

La congresista se refirió a la reforma constitucional federal en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con las cuales se fortalecen los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo su autonomía, el reconocimiento de sus sistemas normativos, además de que se les reconoce como sujetos de derecho público. Reformas que, subrayó, se armonizaron a nivel local hace unos meses.

Calzada Velázquez puntualizó que sólo con el ejercicio directo de presupuesto público se pueden convertir las decisiones autónomas y colectivas en hechos, obras, servicios o satisfactores para la comunidad. 

Asimismo, manifestó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que los derechos a la autonomía y autogobierno sólo son efectivos a partir del reconocimiento de su derecho a la administración directa de los recursos que le corresponden conforme a la normativa aplicable.

Agregó que, en Guanajuato, algunas comunidades en la entidad han empezado a solicitar al Gobierno del Estado que asignen partidas presupuestales a todas las comunidades indígenas de la entidad, toda vez que este es un derecho constitucional vigente. 

En ese sentido, agregó que es necesario determinar, mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas.

El punto de acuerdo se remitió a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.