Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto.- La diputada Plásida Calzada Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de Guanajuato la iniciativa ELD 201/LXVI-I para reformar y adicionar los artículos 3 y 7 de la Ley del Presupuesto General de Egresos, con el fin de establecer criterios de justicia presupuestaria, participación ciudadana vinculante y enfoque intercultural, de género y territorial.

Durante su exposición, la legisladora contextualizó históricamente la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas del diseño institucional del país, señalando que la Constitución de 1917 no contempló sus derechos colectivos, a pesar de existir ya el Convenio 169 de la OIT que los reconocía. Mencionó la reforma constitucional de 1992 que incorporó la composición pluricultural en el artículo 4º, pero advirtió que ese cambio fue insuficiente:

“No había siquiera la posibilidad de cambiar una situación de marginación, de rezago, de discriminación que tenían entonces nuestros pueblos y nuestras comunidades.”

Recordó que fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien colocó estas demandas en la agenda pública, y denunció cómo el gobierno federal respondió de forma violenta y minimizando el movimiento. Sin embargo, la presión de la opinión pública internacional obligó al Estado mexicano a retirar su intervención militar y dar paso a los Diálogos de San Andrés Larráinzar, donde se discutieron puntos como:
– La igualdad de las mujeres indígenas ante la ley.
– La inclusión de intérpretes en juicios.
– El derecho de los pueblos a decidir sobre su vida.

“El gobierno desconocía la importancia del movimiento. Su lema era claro: el derecho a tener derechos.”

Calzada lamentó que dichos acuerdos no se cumplieron, y que los gobiernos de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo echaron abajo los avances logrados.

Frente a ese abandono prolongado, afirmó que fue hasta 2018, con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzó a cambiar la relación del Estado con los pueblos y comunidades. Destacó que ahora, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida esa voluntad política mediante la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, a través del cual las propias comunidades administrarán directamente sus recursos.

“Por voluntad política, en este 2025 nuestros pueblos y nuestras comunidades habrán de administrar sus propios recursos, a través de la Secretaría del Bienestar.”

Añadió que hace unos días, el propio Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional estatal que habilita a Guanajuato a hacer lo mismo, incluyendo un artículo transitorio que faculta el diseño local de este modelo. Con base en eso, presentó formalmente el proyecto de decreto para modificar la ley estatal de egresos.

La iniciativa propone:
– Reformar el artículo 3, fracción IV, para establecer principios de justicia presupuestaria.
– Adicionar una fracción 29ª, que visibiliza a pueblos y comunidades excluidas del reparto presupuestal.
– Recorrer en su orden las fracciones 39ª y 40ª.
– Modificar el artículo 7 para adicionar una fracción IV que incorpore criterios de planeación con participación ciudadana, enfoque territorial y respeto a los derechos colectivos.

“Hoy ponemos a este pleno la decisión de ser partícipes en este momento histórico que está viviendo nuestro país.”

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización, y de Gobernación y Puntos Constitucionales. Desde Morena, la diputada reafirmó su compromiso de legislar con una visión de justicia social, reparación histórica y respeto a la organización comunitaria de los pueblos originarios de Guanajuato.