Por: Redacción Imagen: Cortesía
Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y a Héctor Alonso Díaz Esquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guanajuato, para que fortalezcan el acompañamiento institucional que se brinda a los colectivos y familias buscadoras durante las jornadas de búsqueda en campo, mediante mecanismos permanentes de coordinación con las autoridades estatales y municipales de seguridad pública, a efecto de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, protección y apoyo operativo para el desarrollo de las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.
Al hacer uso de la voz, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que la desaparición de personas es una de las problemáticas más sensibles para miles de familias guanajuatenses, quienes además de enfrentar la incertidumbre por el paradero de sus seres queridos, asumen labores de búsqueda en condiciones de riesgo y, en muchos casos, con recursos propios.
El legislador refirió que, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Guanajuato acumula más de cinco mil registros activos de personas desaparecidas durante 2026. Agregó que, ante la insuficiencia de respuestas institucionales, las familias han conformado decenas de colectivos de búsqueda en distintos municipios del estado para realizar brigadas y recorridos en campo.
Asimismo, indicó que integrantes de estos colectivos han denunciado diferencias en el acompañamiento de las corporaciones de seguridad según el municipio donde se desarrollan las búsquedas, situación que, dijo, genera condiciones desiguales de protección para quienes participan en estas labores.
Martínez Mendizábal argumentó que las personas buscadoras enfrentan riesgos constantes durante las jornadas de rastreo, particularmente en zonas donde existe presencia de grupos delictivos o donde se reportan posibles sitios de inhumación clandestina. Añadió que, además de los riesgos de seguridad, las familias suelen asumir gastos relacionados con transporte, alimentación, combustible y herramientas necesarias para realizar las búsquedas.
Destacó que la legislación federal y estatal en materia de desaparición de personas establece la obligación de las autoridades de coordinar acciones de protección, seguridad y apoyo logístico para las familias que participan en labores de búsqueda, así como garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo seguro de dichas actividades.
Finalmente, sostuvo que reforzar el acompañamiento institucional y homologar los criterios de resguardo en los municipios contribuiría a proteger la integridad de las personas buscadoras y fortalecer las acciones encaminadas a la localización de personas desaparecidas.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
