Otorga Congreso mayor atribución a los presidentes municipales

Por Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- El Congreso del estado de Guanajuato otorgó a los alcaldes y quitó a los Ayuntamientos la atribución de nombrar a los titulares de las dependencias, al tesorero municipal y al secretario de Ayuntamiento, pero también, retirarlos de sus cargos de acuerdo a la rendición de cuentas.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado Jaime Hernández Centeno del Partido Movimiento Ciudadano y aprobada por mayoría por el pleno del Congreso local.

Personas desaparecidas

El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de Ley para defender los derechos y el patrimonio de las personas desaparecidas y sus familiares.

La iniciativa propone: 1.- Proteger los derechos de las personas desaparecidas. 2.- Brindar certeza jurídica a la representación de sus intereses. 3.- Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de sus familiares.

Se contempla también que una vez que los familiares avisen a las autoridades sobre la desaparición, las autoridades tengan hasta un máximo de seis meses para emitir dicha declaración de ausencia.

Garantizar empleo a personas con discapacidad

El diputado Juan Alías Chávez (Nueva Alianza) propuso que el gobierno estatal y municipal tengan la obligatoriedad de contratar a personas con discapacidad. Hasta el 3% del total de su plantilla.

En Guanajuato, el diputado informó que hay poco más de 230 mil personas con alguna discapacidad, por lo que es necesario “mantener y preservar el principio de inclusión laboral”.

Paridad en los Ayuntamientos

La diputada María Magdalena Rosales Cruz (Morena), presentó una iniciativa para garantizar la paridad en los Ayuntamientos, la cual consiste en:

“Creación de una norma que garantice a la autoridad electoral para alterar el orden en la relación de las listas registradas por los partidos políticos, cuando el género femenino haya quedado sub representado en la integración de los Ayuntamientos”.

Regulación de instituciones educativas incorporadas

El grupo parlamentario del PAN propuso que las instituciones privadas de educación con validez oficial estén obligadas a actualizar cada 5 años la documentación que ampara su compromiso con la calidad educativa, como los planes de estudios.

Se propone también que otorguen becas, hasta en un 2.5% del total de su matrícula, a aquellos alumnos que hayan sufrido violación a sus derechos humanos o víctimas de algún delito.

Además, la iniciativa contempla que estas instituciones privadas con validez oficial de estudios, tengan la obligación de implementar un expediente electrónico para darle seguimiento al cumplimiento de cada institución.

Cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo

El diputado Raúl Humberto Márquez Albo (Morena) propuso modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el fin de eliminar las reuniones de carácter privado, esto, luego de la reunión que diputadas y diputados tuvieron con el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Pública.

Raúl Márquez señaló que “es inadmisible que existan reuniones privadas y más en el tema de seguridad”, que no se deje entrar a los representantes de los medios de comunicación “lo cual no abona al Parlamento Abierto”, toda vez que en el Congreso no se habla de tácticas y estrategias secretas, apuntó.

Proponen cambios en la forma de evaluar el Informe Anual del gobernador

El Partido Revolucionario Institucional propuso que el informe anual que entrega el gobernador al Poder Legislativo sea verificado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, con el fin de que dicho informe sea “un real ejercicio de rendición de cuentas”.

Esta verificación consistiría en definir los mecanismos adecuados para determinar si el informe del gobernador demuestra congruencia con el programa de gobierno estatal.

Violencia Obstétrica

La diputada Eunices Reveles Conejo (PT) propuso cambios al Código Penal del Estado, el cual consiste en incluir como delito la Violencia Obstétrica, la cual se puede definir como aquella que ejercen los profesionales de salud a las mujeres en proceso de parto.

“Es una violencia invisible, se manifiesta por maltrato, humillación, insultos, discriminación y amenazas” en la prestación del servicio, dijo la diputada, por lo que la iniciativa contempla cárcel y multa a quienes violenten los derechos de las mujeres.

 

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