Por Uriel Cázares Imagen: cortesía

Guanajuato, Gto.- Este miércoles asociaciones civiles y diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atenión a Grupos Vulnerables del Congreso local, sostuvieron una mesa de trabajo en donde analizaron el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato presentado por Vicente Esqueda.

De manera general, señalaron la falta de confianza que observan por parte de la ciudadanía hacia la PRODHEG; cuestionaron las omisiones en la falta de cumplimiento de todas sus competencias y el ejercicio de sus facultades, así como la falta de atención a las causas estructurales, a las causas de fondo y no solo las consecuencias ante las violaciones a los derechos humanos en el estado.

Juan Pablo Delgado, de AMICUS DH A.C, fue el primero en señalar que la PRODHEG “no ha ejercido todas las competencias que le corresponden”; está pendiente la presentación de iniciativas a favor de la diversidad sexual; lamentó que se haya suspendido el grupo de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, “no hemos sido convocadas” y cuestionó el tiempo en que se resuelven las quejas, hasta 20 meses, señaló.

José Raymudo Sandoval de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, mencionó la falta de independencia de la PRODHEG, la poca intervención en las violaciones graves a derechos humanos, “solo se siguieron cuatro quejas de oficio”; se sumó al señalamiento de la falta de ejercicio de sus facultades; a la falta de confianza por parte de la ciudadanía, al largo tiempo de respuesta a una queja, a la falta de medidas suficientes para la reparación del daño a la víctima y a la garantía de no repetición, “por lo que es importante que se incorpore una ruta para la reparación del daño”; así como atender las causas estructurales de las violaciones a Derechos Humanos más allá de lo administrativo, replicó.

Maribel Arellenes Almazán del Centro de Desarrollo, Atención y Asesoría a la Mujer (CDAAM) Irapuato, lamento que se viva en el estado este momento de violencia, de impunidad, “en el que cada día sentimos más cerca esa experiencia de violencia en nuestro entorno, en nuestras familias”. Lamentó que sea la propia policía preventiva la autoridad más violatoria de derechos humanos; señaló que se presentaron 736 quejas en el año que se informa, lo cual “habla mucho y nos hace pensar en un estado donde hay violencia”; lamentó que de esas 736 quejas, 207 hayan sido contra elementos preventivos de seguridad pública, lo que convierte a esta autoridad en la más violatoria de derechos humanos. Cuestionó también la pérdida de la confianza de la gente hacia la PRODEHG, la falta de información sobre el trabajo con colectivos y familiares de personas desaparecidas y la nula información relacionada con feminicidios.

Marisela Herrera Aguirre de la fundación De la Cabeza al Cielo, dijo que “en nuestro caso hemos tenido las puertas abiertas en los diferentes temas de los grupos vulnerables que atendemos”. Destacó los programas de capacitación, así como el apoyo a las familias a nivel psicológico y emocional que se ofrece.

Gustavo Lozano Guerrero de Acción Colectiva Socioambiental A.C., se enfocó en la violación a los derechos humanos que sufrieron trabajadores de SAPAL, tras la muerte de los mismos el 13 de noviembre de 2020, por lo que cuestionó la falta de acompañamiento de la PRODHEG en los procesos, “se necesita una procuraduría y un procurador más activo y cercano a las víctimas”, dijo.

Josefina Noriega Martínez de Casa Hogar Loyola A.C., puntualizó que su preocupación es “lo poco que ha cambiado la realidad de las niños y los niños”, sus procesos jurídicos se alargan, lo cual los afecta, “no vemos respuestas, yo considero que la procuraduría debe tener una incidencia más fuerte”; son valiosas las acciones pero son insuficientes, la realidad de los niños en el día a día no cambia, no se transforma; tenemos un problema con la Ley de Protección de niñas, niños y adolescente que no está alineada con la Ley General”. Por último, señaló que se debe incidir más en las causas estructurales “no nos damos abasto porque estamos atendiendo las consecuencias y no las causas”, finalizó.

Belén Mercado Calderón del Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C., cuestionó la simulación en el acompañamiento a las personas originarias frente a la “evidente incidencia que tienen en lo comercial con la venta de sus artesanías, los campos agrícolas y el tema de niñas y niños migrantes; se informa muy por encimita, no se hace un análisis ni se menciona en qué se puede contribuir más de cerca, “no hay esta parte de cercanía con los pueblos originarios, no hay una cercanía directa con las personas para escucharlas y saber cuáles son sus necesidades”, expresó.

Alma Padilla García de NIMA A.C., señaló que en el año que se informa solo fueron reconocidas un total de 70 víctimas, de las cuales se dieron 31 resoluciones y solos 3 en casos de violaciones a derechos humanos de niñas y niños. Cuestionó también la falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia la PRODEHG, no hay credibilidad, “como para qué pongo la queja si no va a pasar nada”, por lo que “urge generar transformaciones, exigirlas en el caso de la sociedad civil y en el caso de legisladoras y legisladores también”.

Itzel Hernández, de la misma asociación, mencionó que es un informe lleno de cifras y señaló que el número de quejas no coincide con las cifras a violaciones a derechos humanos con las del Secretariado Ejecutivo, así como la falta de atención a la violencia estructural que va permitiendo que estas violaciones se reproduzcan. Propuso que se construya un mecanismo de participación y de queja para niñas, niños y adolescentes.

Giovanna Rocha de Alerta Violeta A.C., dijo que “urge que las instituciones como la procuraduría respondan a los altos propósitos para la que fue creada”. Preocupan las cifras reportadas, solo 16 expedientes iniciados por mujeres en situación de violencia de género, señaló también los largos procesos que “le apuestan al cansancio, al desistimiento, al hastío”, procesos que revictimizan, alientan a los agresores, favorecen la impunidad y debilitan a las Instituciones, señaló. ¿Es la procuraduría un referente inmediato para las víctimas?, No, hay un problema de confianza y de eficiencia, se sumó.

Finalmente, el Dr. Leandro Bañuelos, director del departamento de Derecho de la UG, destacó las actividades de vinculación y la difusión que realiza la PRODHEG, “es muy importante dar a conocer a las personas sus derechos, me parece una actividad muy importante”, así como lo hecho en materia de capacitación y sus programas académicos con reconocimiento oficial.

Luego de haber escuchado a las Asociaciones Civiles y al representante de la Universidad de Guanajuato, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables recibirá la próxima semana a Vicente Esqueda, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, para en su momento, emitir un posicionamiento frente al Pleno del Congreso referente al informe presentado por el titular.