Texto e imagen: Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- En los últimos 5 años la discriminación en el estado de Guanajuato aumentó 41.3 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (ENADIS), lo que coloca al estado, lamentablemente, en la sexta entidad a nivel nacional, expuso en tribuna la diputada local Dessire Ángel Rocha, durante la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del Tercer Año de la LXV legislatura.

“La verdad es que los datos son reveladores, en Guanajuato el 22.5 por ciento de la población de 18 años y más, declaró haber sido discriminada en el último año debido a tres ejes: la forma de vestir, el arreglo personal, el peso o la estatura y sus opiniones políticas”, expuso la legisladora del partido Movimiento Ciudadano.

“La discriminación puede traducirse en una de las máximas formas de violencia”, ya sea por los rasgos, la forma de vida, el origen étnico, la identidad de género, alguna discapacidad, por las condiciones sociales, la lengua, la religión y hasta por el estado civil, apuntó.

“Lamentablemente los efectos por la discriminación siempre son negativos y sus consecuencias son la exclusión, el aislamiento, la negación y distintas formas y grados de violencia, el antídoto contra estas prácticas discriminatorias es la inclusión en todos lo ámbitos, moral, legal, social, cultural, político y económico”, sostuvo Dessiré Ángel Rocha.

Por lo anterior, la diputada local, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Para Prevenir Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, misma que este jueves fue aprobada por el Pleno del Congreso local.

Con estas reformas, todo establecimiento que preste servicios al público y todas las dependencias estatales, municipales, Ayuntamientos y Organismos Autónomos, deberá contar como medida de acción integral visible a todo el público y accesible a las personas con alguna discapacidad, con la siguiente leyenda:

En este lugar se prohíbe discriminar. En Guanajuato se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o por cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. Cualquier acto de discriminación podrá ser denunciado.