Por Alicia Arias

Imagen: Archivo

León, Gto. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) no pudo acreditar agresiones de policías estatales y ni violación a la libertad de expresión en contra de la diputada local, María Magdalena Rosales Cruz. El derecho que si fue vulnerado fue la libertad de tránsito.

Derivado del expediente de queja número 44/19-A, iniciado por la PDHEG para investigar los hechos denunciados por la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la procuraduría emitió una recomendación al Congreso del Estado de Guanajuato por la violación “a la libertad de tránsito en su modalidad de circulación” por no haber garantizado un retorno más ágil de la diputada al interior del recinto legislativo una vez que ella salió a la explanada para dialogar con un grupo de manifestantes.

Dicha recomendación fue aceptada por el congreso, pero la legisladora no está conforme y este miércoles 28 de abril anunció que impugnará la resolución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De darse la impugnación, será la CNDH quien determine si María Magdalena fue agredida físicamente por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado (FSPE) y si alguien violó su derecho a la libertad de expresión, como argumentó en su queja ante la procuraduría estatal de los derechos humanos.

Los hechos que motivaron la queja

El 15 de febrero de 2019 un grupo de manifestantes clausuró simbólicamente la sede del Congreso del Estado de Guanajuato en protesta por el nombramiento del entonces procurador de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, como fiscal general del estado.

Los manifestantes se aglutinaron en la explanada del recinto del poder judicial mientras, en su interior, se desarrollaba una sesión ordinaria de la LXIV Legislatura.

Luego tener una intervención ante las y los legisladores presentes, la diputada Rosales Cruz decidió salir del salón del pleno del congreso para escuchar y dar un mensaje a las personas que se manifestaban.

En ese momento, ya se había restringido el ingreso al salón por encontrarse a su máxima capacidad (alrededor de 528 personas en las butacas) y con la finalidad de reducir riesgos por aglomeraciones, según lo manifestado por las autoridades de protección civil en el estado.

Por lo tanto, un grupo de policías de la FSPE formaba una valla humana para impedir el ingreso de más personas y cuando la diputada intentó regresar a la sesión los policías le impidieron el paso por minutos, ya que tenían órdenes de no permitir el acceso.

La legisladora asegura que fue en esos momentos cuando los policías la golpearon.

“Quise entrar nuevamente, me impidieron el paso, avancé unos pasos hacia adelante y fui rodeada por esta fuerza que utiliza escudos. Fui golpeada en los brazos por estos escudos, las huellas fueron tomadas por el área de medicina en el congreso, y luego por el Ministerio Público, y luego en la procuraduría de los derechos humanos. Además de ello, presionaron mi pecho con un escudo y con otro escudo mi espalda, por lo que quedé en medio de dos escudos que me asfixiaban y que, en un determinado  momento, perdí la conciencia”, aseguró el pasado miércoles María Magdalena Rosales Cruz.

La recomendación de derechos humanos

En base a las pruebas e investigaciones que realizó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) acreditó “que se vulneró el derecho a la libertad de tránsito en su modalidad de circulación, a la quejosa integrante de la XLIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato”.

La procuraduría señala, en su recomendación, que la quejosa “tuvo plena libertad de expresión” al emitir su mensaje a quienes se manifestaban.

“Cabe destacar que mediante oficio suscrito por el secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez Martínez, se solicitó el apoyo al secretario de Seguridad Pública del Estado para el  resguardo del edificio el día de los hechos, motivo por el cual, personal adscrito a esa dependencia se encontraba resguardando las instalaciones”, cuya seguridad es responsabilidad de Manuel Suasto Plaza, titular de la Coordinación de Seguridad del edificio legislativo.

La PDHEG informa que la diputada salió del salón de sesiones “sin compañía por parte del personal de seguridad del Congreso del Estado, o sin expresar sus intenciones a los mismos, quienes tenían a su cargo el operativo de seguridad, por lo que no se le  advirtió que existía el riesgo de que su reingreso no fuera tan dinámico y expedito como lo fue su egreso del recinto oficial”.

De tal manera, que luego de recabar las pruebas necesarias y realizar las diligencias correspondientes, la PDHEG concluyó que “era competencia de la Secretaría General del Congreso la dirección de las actividades del Jefe de Monitoreo de dicho órgano”, de acuerdo a lo establecido en la ley, ya que dicha unidad es la responsable de garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones del congreso.

La PDHEG también determinó que las FSPE tuvieron como encomienda resguardar el lugar y no permitir el acceso al recinto  oficial para salvaguardar la seguridad y orden debido a que se encontraba ocupado a su máxima capacidad y bajo la responsabilidad de Manuel Suasto Plaza.

Para derechos humanos, los elementos de las FSPE “cumplían con su deber de resguardo, por lo que no se le  permitió el acceso inmediato al recinto de acuerdo a las condiciones imperantes, en las cuales había varias personas queriendo entrar por la fuerza”.

Ante dicha situación, “el jefe de seguridad del congreso debió implementar mecanismos de actuación que permitieran atender con previsión los riesgos, logrando proteger en mayor grado la integridad y derechos humanos de quienes se encontraban en el recinto oficial”.

Por tanto, la PDHEG solicitó en su recomendación dirigida a la Secretaría General del Congreso del Estado, fechada el 23 de abril de 2021, que se instruya “a quien legalmente corresponda, el inicio del procedimiento administrativo procedente en contra del Jefe de Monitoreo y Seguridad, Manuel Suasto Plaza, respecto de los actos y omisiones que ocasionaron la violación del derecho a la libertad de tránsito en su modalidad de circulación de la quejosa, informando sobre el resultado del mismo a esta procuraduría”.

La resolución de la PDHEG no satisfizo a la diputada Rosales Cruz, quien anunció que impugnará ante la CNDH, instancia que podría, junto con el Ministerio Público (M.P.), dar claridad a la controversia, toda vez que la legisladora también dijo, en febrero de 2019, que había interpuesto una denuncia ante el M.P.