Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto.- Acción Colectiva SocioAmbiental y Movimiento Colibríes de Guanajuato, emitieron el siguiente comunicado con respecto al caso del fraccionamiento “La Cucursola” en la sierra de Guanajuato, el cual, viola las leyes ambiental vigentes, sostienen.

El pasado 30 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato llevó a cabo un operativo en el predio La Rosita, donde la empresa Loma de Irapuato, S.A. de C.V. ha impulsado ilegalmente el fraccionamiento denominado “La Cucursola”, concluyendo con el aseguramiento del inmueble por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Frente a esta acción contundente de la Fiscalía, la empresa promotora ha respondido con la
interposición de tres demandas de amparo identificadas con los números expedientes 1315/2025-I y
1115/2025 radicados en el Juzgado Primero de Distrito en Guanajuato, y el expediente 1149/2025 en
el Juzgado Segundo de Distrito en Guanajuato.

Estos amparos no buscan sino entorpecer el trabajo de la Fiscalía General de la República y retrasar el
proceso de justicia ambiental que demanda la sociedad guanajuatense. Se trata de una estrategia ya
conocida: el uso instrumental del poder judicial por parte de intereses privados para frenar la
aplicación de la ley en materia ambiental.

Un patrón de impunidad
No es la primera vez que Loma de Irapuato recurre al amparo para sustraerse de la justicia. En 2020,
cuando la PROFEPA impuso la clausura parcial temporal de las obras del fraccionamiento, la empresa
promovió el amparo 145/2020 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Guanajuato, mismo que le fue
concedido. Aunque la sentencia aclaró que la PROFEPA podía realizar nuevas inspecciones y volver a
imponer medidas de seguridad, dicha actuación nunca ocurrió.

El resultado fue que la empresa continuó con su proceso constructivo y la venta de predios sin contar
con autorizaciones legalmente válidas, profundizando las irregularidades y profundizando la
impunidad ambiental en la Sierra de Santa Rosa.Hoy, la historia parece repitirse: la empresa pretende escudarse nuevamente en el amparo para eludir el escrutinio penal, desacreditando así el sentido real de este instrumento constitucional, que fuediseñado para la defensa de los derechos humanos y no para legitimar la impunidad.

Exigencia ciudadana
Desde Acción Colectiva Socioambiental, A.C. y el Movimiento Colibríes de Guanajuato, denunciamos el
uso abusivo del juicio de amparo como mecanismo dilatorio y de obstaculización en un caso que
representa uno de los mayores atropellos ambientales en el estado.

Hacemos un llamado a las y los jueces de distrito a que actúen con independencia, rigor técnico y
perspectiva ambiental, reconociendo el derecho humano a un medio ambiente sano y evitando que el
poder judicial se convierta en un refugio para quienes destruyen el patrimonio natural de Guanajuato.