Redacción

Guanajuato, Gto.-“Necesitamos que el Estado cuente con las herramientas legales para atacar con mayor severidad a la estructura financiera de los delincuentes”, señaló la diputada Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión de Justicia.

Lo anterior al hablar a favor del dictamen puesto a consideración del Pleno por esta instancia legislativa que reforma el Código Penal del Estado, con el fin de tipificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al hacer uso de la tribuna, la legisladora manifestó que uno de los retos en el combate a la delincuencia en el estado, es el de contar con un marco jurídico cada vez más efectivo, que permita castigar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Agregó, que es responsabilidad del Poder Legislativo otorgar a las autoridades responsables las herramientas necesarias para investigar y castigar, en su caso, las actividades relacionadas con los recursos de procedencia ilícita que sirven para alimentar al crimen organizado.

“Nos referimos a las operaciones que buscan ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias, traducidas en recursos económicos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, derivadas de la comisión de actividades tipificadas como delito, y a las que pretenden darles una apariencia de legalidad”, expuso.

Márquez Alcalá indicó que las autoridades deben asumir como una prioridad el mermar el patrimonio ilícito y desarticular las estructuras financieras con les permite operar.

“Una de las estrategias más efectivas es el menoscabo en el abastecimiento de sus recursos económicos, neutralizando o limitando la movilidad y utilización de sus capitales, pues el aspecto monetario es uno de sus principales apoyos para evadir la acción de la justicia”, señaló.

Destacó que, al tipificar el delito, las sanciones para aquellas personas que participen con el conocimiento de que actúan bajo esta actividad ilícita y para quien oculte el origen de dichos recursos, serán de 5 a 15 años de prisión, pena que podrá llegar a los 22 años de cárcel cuando el delito sea cometido por servidores públicos.

“La tipificación penal de los hechos motivados por operaciones con recursos de procedencia ilícita es fundamental para combatir a los grupos criminales, mermando su poder y estructuras económicas, lo que además se enmarca en una estrategia a nivel internacional”, subrayó.