Por Juan Miguel Alcántara Soria
Sociedad guanajuatense estupefacta ante descontrol de violencia y liberación de inculpados . Gobierno pasmado. En vísperas de presentar gobernador informe al legislativo y de visita del Presidente López Obrador, parecían estar alineados los astros. Operación bautizada “golpe de timón”, escenografía espectacular para presumir los mejores resultados comprometidos. Años inexplicadamente intocable, por fin se enfrentó al capo en su guarida de Villagrán, deteniendo a operadora financiera y policía cómplice; operación que federales dicen es guanajuatense, y los locales asignan a Federación. Los locales vieron ocasión de lucimiento. La realidad, es terca, tarde o temprano resurge. Cadena de errores de fiscalía guanajuatense enlazada a eslabones federales provoca liberación de inculpados: un palo más de los jueces. Y coletazos sangrientos en Salamanca de bestia epidérmicamente herida. Animal herido luego es más peligroso. Imagen deplorable recorre el mundo; en Fundación Comunitaria del Bajío recibiríamos pasado sábado treintena de funcionarios de Carolina del Norte que cancelaron luego de rafageo de oficinas de la Fiscalía de la República en Irapuato.
La fiscalía de Guanajuato adelantó que detuvo a mujer operadora financiera y a un elemento de policía federal por encontrarles armas de fuego y droga. Debió saber quiénes eran e integrar correctamente su carpeta de investigación para acreditar con datos de prueba lo que declaró a los medios: que eran parte de una organización criminal. Primer error: declarar y no acreditarlo en la investigación. Segundo, al conocer su identidad debió avocarse a obtener datos de prueba sobre otros delitos (delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero-, autores intelectuales de homicidios): la operadora financiera pagaría sicarios para ejecutar personas; por lo cual era vinculable a homicidio en la modalidad de instigadora, el policía federal dio información y es coautor; no hacerlo y ponerlos a disposición del juez federal solo por portación de armas evidenció, por un lado, que la fiscalía guanajuatense no tiene ninguna investigación sólida en carpeta para relacionarlos con homicidios o ejecuciones ocurridas en el Estado; por otro, que se limitan a atribuir responsabilidades sin tener datos de prueba. Tercero, debieron poder acreditar algún delito del fuero común (relacionarlos con homicidios, ejecuciones) y ejercitar acción penal en prevención o bien por competencia concurrente; al no haber investigado bien fiscalía hizo simple remisión a juez federal con resultados deplorables. Cuarto, la falta de coordinación federación-estado, motivada por noticias vendibles oportunas, impidió entregar de inmediato y directamente a autoridad federal para que ésta hiciera uso de herramientas jurídicas para investigación de delincuencia organizada, consumiéndose tiempo determinante.
Si fiscalía guanajuatense no tenía elementos para relacionarlos con otros delitos, debió acreditar que imputados representaban peligro para la sociedad, para víctimas, para testigos, y así dejar camino preparado al Ministerio público federal quien sí pudo solicitar prisión preventiva. Esto requiere trabajo de investigación serio a cargo de las unidades de medidas cautelares (Umecas) que en Guanajuato no se hace, y coordinación. Hemos dicho múltiples veces que aun cuando por la portación de arma se tiene derecho a la libertad, hay excepción legal: cuando se acredita en carpeta los peligros referidos.
En masacre de Salamanca se dice hubo ejecuciones entre cárteles. ¿Con base en qué lo declara y luego no se demuestra? Versiones recientes aclaran que también privaron de la vida a personas ajenas, inocentes ahora re-victimizados, otro eslabón de errores. Recuperemos credibilidad a partir de la verdad, solo de la verdad, que exige rectificación de autoridades. Veracidad, justicia y prudencia.
