Texto e imagen: Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- A casi un año de que 5 trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) murieran intoxicados por respirar ácido sulfúrico en el módulo de desbaste de la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales; esposas, familiares y amigos de las víctimas se manifestaron en el Congreso de Guanajuato durante la sesión ordinaria de este jueves.

A decir del abogado defensor, Juan de Dios Hernández Araiza, se hicieron presentes en el Poder Legislativo porque SAPAL “quiere hacer responsables a los trabajadores de su propia muerte, inclusive, quieren aplicar peritajes donde señalan que los trabajadores fallecieron por su propia culpabilidad”.

Mientras que el papá de Víctor Ricardo Briseño Rangel, otra de las víctimas del accidente ocurrido el 13 de noviembre del 2020, lamentó que “para el Seguro Social y para varias instancias ellos murieron al transitar al aire libre, se desvanecieron y perdieron la vida. ¡No señores! hubo una explosión química”, afirmó.

“Las mascarillas que les dotó SAPAL a los trabajadores eran para malos olores, mi hijo era ingeniero ahí en la planta, estaban caducadas además, no capacitaron al personal, la experiencia de ellos era en agua potable no en todos los desechos químicos donde pasó el accidente, ahora resulta que ellos son los culpables (…) no tenían el equipo necesario”, sostuvo el padre de Víctor Ricardo.

Los cinco trabajadores que perdieron la vida el 13 de noviembre de 2020 fueron: José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva, Víctor Ricardo Briseño Rangel, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez

Respecto a la investigación, el abogado de las familias señaló que la FGE “desde el inicio fue inoperante por el hecho de no poder determinar la muerte de los trabajadores sino hasta 6 meses después, no dejando información de las sustancias que los muchachos inhalaron”. Finalmente se determinó que la causa fue por intoxicación de ácido sulfúrico.

Tampoco se hicieron los estudios de histopatología, no dejaron partes del cuerpo para posteriormente estudiarlos, como parte del corazón, el pulmón, o el cerebro, y poder determinar claramente lo que inhalaron, lo que tiene de prueba la fiscalía era un tubo de ensayo con la sangre de los trabajadores.

Javier Sentíes Laborde, de Acción Colectiva Socioambiental, organización que acompaña a las familias, cuestionó que “el levantamiento de cadáveres, se hizo sin ningún protocolo, los recogió el chofer”, dijo.

Agregó que no se entiende, por qué SAPAL ha gastado más de 1 millón 200 mil pesos en abogados; y a las familias “no les ha dado más que 250 mil pesos, las que han aceptado, porque hay algunas que no han aceptado”.

El abogado Hernández Araiza detalló que lo que ofreció SAPAL de indemnización, fueron 31 mil pesos por la muerte de Alberto de Jesús Silva Zúñiga; 50 mil 900 peso por Salvador Martínez; y por la muerte de Ricardo Briseño Rangel, alrededor de 150 mil pesos.

“Nos han revictimizado, han tomado el asunto de manera burlesca y ofensiva, no nos han dado la cara, nos mandaron abogados (en materia penal y civil) de alta jerarquía para luchar contra nosotros”, finalizó el abogado.

Los familiares tienen procesos instaurados en la Fiscalía General del estado de Guanajuato, en la oficina del  gobernador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el gobierno y la contraloría municipal de León, así como el Consejo Ciudadano de Contraloría; sin embargo, “han sido omisos”, señaló el abogado.

Al Congreso del estado de Guanajuato acudieron: Milagros Ramírez, esposa de José Salvador Afanador Martínez; la esposa y papá de Alberto de Jesús Silva; y los padres de Víctor Ricardo Briseño Rangel. Dos víctimas más son: Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera.

En respaldo a los familiares, el diputado Ernesto Millán, presentó un punto de acuerdo al Pleno del Congreso a fin de exhortar a SAPAL, a la FGE y a la Procuraduría de los Derechos Humanos informen sobre el estado que guardan sus respectivas investigaciones; y al Ayuntamiento de León, a fin de conformar una comisión mixta que investigue el caso.

El punto de acuerdo propuesto fue mandado a la Comisión de Asuntos Municipales.

Aquí el video completo de la entrevista a familiares después de su manifestación al interior del Palacio legislativo.