Redacción

El Pleno del Congreso exhortó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que lleven a cabo un estudio sobre el nivel de afectación que se dará al sector salud en Guanajuato, ante la eliminación presupuestal del Componente Salud del Programa PROSPERA para el ejercicio fiscal de 2019.

Además, para que tomen medidas y acciones urgentes destinadas a asignar una partida presupuestal para Guanajuato en el sector salud durante el presente año, no menor a la partida asignada para el ejercicio fiscal de 2018 en el denominado Componente Salud del Programa PROSPERA Inclusión Social, esto a fin de garantizar que los beneficiarios de dicho programa no se vean afectados ante este recorte presupuestario.

En la exposición de motivos, el diputado José Huerta Aboytes explicó que el recurso para el programa PROSPERA, que todavía operaba durante el ejercicio fiscal de 2018, se utilizaba para la atención en materia de salud de aquellas familias asignadas al esquema de Apoyos con Corresponsabilidad que operaba bajo diversas estrategias.

Señaló que para el ejercicio fiscal del presente año ya no fue contemplado el componente Salud en dicho programa, lo que dejó sin recurso económico a Guanajuato para atender a la población vulnerable de comunidades rurales y polígonos de pobreza.

“Por primera vez en 22 años, Guanajuato no contará con una partida federal destinada a la salud, pues el gobierno federal ha decidido destinar este recurso para las becas escolares <<Benito Juárez>> que, dicho sea de paso, se trata de una estrategia emblema de la administración pública federal del presidente Andrés Manuel López Obrador”, comentó.

Asimismo, refirió que la falta de asignación presupuestal para Guanajuato provocará la pérdida de 923 empleos de especialistas de la salud, de los cuales 154 son médicos generales, 172 enfermeros y enfermeras, 90 paramédicos, 21 puestos administrativos y 486 auxiliares de salud.

También, indicó que por la misma razón se encontrarán en estado de inoperatividad unidades móviles, unidades de desarrollo infantil y casas de auxiliar de la salud.

“Esa grave y desastrosa situación que se avecina por la desaparición de PROSPERA no es el único cariz que representa esa súbita y peculiar decisión, que a juicio de los expertos en desarrollo social es cuando menos disparatada…Como diputados estamos comprometidos con la justicia social. En donde la justicia social implica la construcción de una base mínima que considere accesos a servicios básicos y dé oportunidades para toda la población”, agregó.

El congresista exigió un Estado garante de la justicia social, comprometido con la justicia en las oportunidades y el combate a la pobreza, pues consideró que resulta un retroceso que el gobierno federal busque atraer todo el sistema de salud, pero más que dé otra orientación al recurso para demás programas sociales que, aunque son importantes, no deben desbancarse unos para subsidiar otros.

La diputada María Magdalena Rosales Cruz habló en contra de la propuesta. Subrayó que en Guanajuato el sistema de salud no atendía las necesidades de la población con alta marginación, pues dijo, eran rebasados en consultas y demanda de medicamentos.

Asimismo, señaló que existía un mal uso de los recursos públicos para el rubro de salud. Justificó que se detectaron diversas irregularidades en la compra de medicamentos, por ello se modificó la estrategia en la entrega de apoyos.

“El programa PROSPERA tiene muchos asegunes y las medidas que se toman para este programa es precisamente eliminar uno de los factores que llena a este tipo de medidas de salud como el clientelismo. Si tienes afiliación a un partido político, si acudes a las reuniones con los candidatos tendrás seguro tus apoyos PROSPERA. Además de que la Auditoría Superior de la Federación menciona que se carece de indicadores que prueben el impacto positivo de su funcionamiento. Hay un déficit en la cobertura, lo que deja a sus beneficiarios sin apoyo. Hay auditorias donde se detecta que en los problemas de raíz de sus componentes: el alimentario, el educativo y el de salud”, comentó.

Finalmente, refirió que actualmente los servicios de salud no atienden las necesidades reales de los derechohabientes. “Me parece que si nosotros consultáramos a la población sobre la calidad de los servicios de salud se pondría más atención, a pesar de que haya estos programas de evaluación de la calidad, el trato en el IMSS, como en el Seguro Popular y el ISSSTE, que tienen mayor número de derechohabientes, veríamos qué calificación da la población a esta parte tan sensible donde una familia puede perder su patrimonio con tal de salvar la vida de un familiar y más en las familias de escasos recursos”.

En rectificación de hechos, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que en repetidas ocasiones se había escuchado la postura de sus homólogos de Morena hablando del neoliberalismo como su enemigo cuando, indicó, parecía que el enemigo fueran las personas que más lo necesitan, las mujeres y los niños que se atienden en hospitales públicos y que hoy quedarán en total abandono.

La legisladora enlisto los servicios que dejarán de brindarse e instó a su homóloga a compartirles a todos los beneficiados que se quedarán sin ningún servicio el que existen hospitales privados.

García Muñoz Ledo pidió no mentir de cara a los guanajuatenses, que se valía recomponer los programas, pero no alegar corrupción para atacar los que han funcionado y afectar a quienes más lo necesitan.

Los diputados Luis Antonio Magdaleno Gordillo y Jaime Hernández Centeno hicieron uso de la tribuna para hablar a favor de la propuesta.

El legislador Luis Antonio Magdaleno Gordillo señaló que las autoridades no parten nunca desde cero ni operan en el vació, sino que al dar cada paso deben tomar en cuenta la realidad de la que parten.

Subrayó que cuando una autoridad no comprende esa realidad de la administración pública el resultado era un desperdicio de recursos, una injusticia contra inocentes y una incertidumbre en perjuicio de toda la sociedad.

“Así está ocurriendo con las estancias infantiles, con los refugios para las mujeres víctimas de violencia, y ahora también con el programa de inclusión social Prospera…convirtiendo lo que solía ser uno de los programas de más amplio alcance en la lucha contra la pobreza extrema en esquema de reparto de becas”, indicó el congresista.

Magdaleno Gordillo manifestó que con las nuevas reglas de operación de Prospera ya no se entregarán los recursos para que desde los estados se pueda contratar al personal médico que atiende a las personas en situación más vulnerable, dejando en riesgo a millones de personas, que durante los últimos años han contado con los médicos y las acciones de este programa como un baluarte para su salud y bienestar.

Agregó que, en Guanajuato, a través de los recursos que hasta el año 2018 se recibieron de la federación por medio de Prospera, se pagaron los salarios de 892 médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos y auxiliares de salud, que atienden cada año a cerca de 237 mil familias, que suman cerca de 1 millón de beneficiarios.

“Se vuelve indispensable que la inconformidad y la preocupación de los médicos, las enfermeras y, sobre todo, de los beneficiarios, porque todos queremos que los programas funcionen mejor y que se combata la corrupción, pero queremos que se haga bien; con pasos firmes y con una visión integral para no dejar a las personas más vulnerables como víctimas colaterales de una visión simplista”, concluyó.

En su intervención, el diputado Jaime Hernández Centeno argumentó que este año las reglas de operación el Programa PROSPERA, el objetivo general y los específicos han sido disminuidos, desvalorizados y denigrados.

“La cobertura del programa ha dejado fuera las 27 intervenciones de prevención y promoción en salud entre las que se encuentran la aplicación de vacunas dirigidas a grupos de riesgo, como mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adultos mayores y detección oportuna de enfermedades”, precisó el legislador.

Asimismo, apuntó que los profesionales de la salud tienen incertidumbre porque no habrá presupuesto a través de los programas federales que financiaban parcialmente la prestación de servicios de salud para las personas más necesitadas. Además, señaló que 400 trabajadores del sector perderán su trabajo y 237 mil familias perderán los beneficios del programa.

Por su parte, el legislador Ernesto Prieto Gallardo pidió que se realizan las gestiones necesarias para que fuera el Gobierno del Estado el que redireccionara 220 millones de pesos de diferentes rubros que consideró excesivos y, dijo, que le sorprendía que durante años poco importó la salud de la ciudadanía al permitirse que los programas fueran utilizados como redes clientelares, usando el dinero de los mexicanos para obtener el poder.