Por Carolina Esqueda

Imagen: Cortesía

León, Gto. Cuatro meses después del accidente fatal en el módulo de desbaste de la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales y su Módulo de Desbaste, donde cinco trabajadores murieron intoxicados por causas aún no determinadas por la fiscalía, Jorge Ramírez Hernández, presidente del Consejo Consultivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) abordó el tema ante el H. Ayuntamiento de León.

Tras presentar su informe anual de resultados ante el cabildo, realizado este jueves, el presidente del SAPAL dio su versión de los hechos, asegurando que, desde el día del accidente ocurrido el 13 de noviembre de 2020, existió acompañamiento con los familiares de los cinco trabajadores fallecidos, a quienes les han ofrecido las prestaciones de ley correspondientes al accidente laboral, como los pagos de aguinaldos y vacaciones, además de la aprobación extraordinaria de 3 meses de sueldo para cubrir los periodos de trámite por los seguros de vida y pagos de pensión, también contemplados por ley.

“En mi opinión, han sido mal asesorados y siguen reclamando algo que, en derecho, no podemos hacer, o sea, no podríamos nosotros autorizar algo que, pues que no está marcado en la ley (…)

“Hemos estado haciendo todo lo necesario para acercarnos (…); sin embargo tres familias no han aceptado los términos de lo que hemos planteado y seguiremos, ahí, esperando, a que de alguna forma, cambien de opinión porque, a final de cuentas, es lo que podemos hacer (…).

“Sus asesores legales les están diciendo que tienen algún tipo de posibilidades adicionales que yo no entiendo por qué, pero si, en todo caso es así y lo hacen a través de un proceso judicial, nosotros estaremos atentos a seguir y atender cualquier tipo de requerimiento en términos de eso”,  expresó Ramírez Hernández.

La queja de familiares de trabajadores fallecidos

La semana pasada las familias de los operadores José Salvador Afanador Martínez, Alberto Jesús Silva Zúñiga y el supervisor Víctor Ricardo Briseño Rangel, ofrecieron una rueda de prensa para denunciar deficiencias en los peritajes técnicos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), que permitirían esclarecer la causa del accidente que provocó las muertes, así como una constante presión del área jurídica del SAPAL para firmar las indemnizaciones por el accidente laboral sufrido.

Gustavo Lozano, abogado de la organización Acción Colectiva Socioambiental que realiza el acompañamiento legal de la causa penal, responsabilizó a la paramunicipal de negligencia por esas muertes, al permitir que los trabajadores operen sin el equipo de protección necesario y en instalaciones deterioradas.

El pago que las familias reclaman es el correspondiente a una indemnización por los daños ocasionados, y no por un accidente laboral. Los familiares de Víctor Briseño, incluso, señalaron que el joven tenía fotografías y conversaciones que evidenciaban el deterioro en su teléfono celular, el cual entregado a la fiscalía como evidencia.

Acción Colectiva denunció al SAPAL ante la Conagua en agosto, por contaminación al río Turbio, al permitir que de la planta tratadora se vertiera agua que incumplía con la norma ambiental, cuando ésta aún se encontraba a cargo de la concesionaria Ecosys III. En respuesta el organismo retiró la concesión a la empresa un mes después, y desde el 24 de septiembre de 2020 opera el lugar, con su propio personal.

Gobierno autorizó funcionamiento

El presidente del consejo directivo del SAPAL aseguró que tras el accidente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) dio el visto bueno a la planta para seguir operando, mientras que la fiscalía continúa con los peritajes técnicos para esclarecer las causas del accidente.

Luego informó que la planta está siendo reconstruida, con una inversión de mil millones de pesos, y que los trabajos concluirán en año y medio. El 29 de septiembre la paramunicipal permitió un recorrido a medios de comunicación por las instalaciones, para dejar constancia del deterioro en el que la entregó Ecosys III.

“En el tema de la causal del accidente, se han estado evaluando cuáles son todos los factores que sucedieron pero esto está en los peritajes técnicos. La fiscalía está haciendo sus investigaciones, le hemos entregado toda la documentación que se nos ha pedido, y de alguna forma estamos muy pendientes de ver qué fue lo que pasó y si existe alguna responsabilidad, pues, asumirla”, puntualizó.