Texto e imagen: Alicia Arias

León, Gto.  La Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato está en espera de recibir la información que solicitó al gobierno del estado así como la opinión de tres firmas calificadoras internacionales para decidir si autoriza o no el préstamo por 5 mil 350 millones de pesos.

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez Campos, informó que aun cuando las firmas calificadores han dado buenas notas a las finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato, la comisión que preside ha solicitado más información.

Explicó que las calificadoras tienen una opinión positiva de las finanzas estatales, pero el panorama nacional e internacional no es alentador y es probable que haya una contracción económica; ante ello, dijo,   el hecho de que se esté considerando un crédito para destinarlo a obra pública genera un entorno positivo porque acelera la economía.

Por el momento, dijo la diputada Alejandra Gutiérrez, la opinión de los especialistas y el análisis al interior de la comisión de hacienda es positivo, pero se está cuidando no impactar la calificación que han otorgado las calificadoras.

Por lo anterior, las y los diputados están a la espera de la información que solicitaron al Estado sobre el destino del crédito, ya que únicamente cuentan con los cinco rubros en los que se invertirá.

De igual manera, solicitaron una opinión a las calificadoras Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch Ratings y esperan la respuesta para inicios de 2020.

Como se recordará, el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, solicito al Congreso del Estado de Guanajuato autorización para adquirir deuda pública por 5 mil 350 millones de pesos  a un plazo de 15 años.

De ser aprobado el crédito, los recursos se invertirán de la siguiente manera: 300 millones para el programa de infraestructura y equipamiento educativo, mil 400 millones para infraestructura social y para desarrollo regional, 2 mil 150 millones para el programa de infraestructura carretera y movilidad, 35 millones para el fortalecimiento del sistema de salud pública, y mil 150 millones para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública.