Por Redacción

Imagen: Archivo

Ginebra, Suiza. El esfuerzo conjunto y la solidaridad entre las organizaciones de personas empleadoras y trabajadoras es esencial para responder de manera eficaz al impacto de la pandemia del COVID-19 en el mundo del trabajo, sostiene un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En muchas partes del mundo el COVID-19 ha puesto en peligro la salud y la seguridad de millones de personas; además, ha ejercido una presión enorme sobre las empresas, los empleos y los medios de subsistencia.

El estudio, Managing Conflicts and Disasters: Exploring Collaboration between Employers’ and Workers’ Organizations  (Gestionar los conflictos y las catástrofes: Analizar la colaboración entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores), presenta casos específicos en los cuales las medidas conjuntas – y algunas veces espontáneas – adoptadas por los interlocutores sociales contribuyeron a aliviar algunas de las peores consecuencias de las catástrofes naturales o causadas por el ser humano, acelerando la recuperación y fortaleciendo la resiliencia para hacer frente a las crisis futuras.

“Las y los dirigentes empresariales tienen un interés particular en la paz y la estabilidad y en estar bien preparados para las situaciones de crisis”, explicó Deborah France-Massin, Directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT (AXT/EMP). “Por su parte, los sindicatos, tienen un inmenso potencial de movilización a través de sus miembros; bien sea para ejercer presión a fin de lograr cambios legislativos y constitucionales que favorezcan a la fuerza de trabajo, o para actuar de manera rápida y eficaz cuando es necesaria la asistencia humanitaria.

La recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205)  de la OIT es una referencia útil en este contexto, señala el informe. Esta recomendación proporciona un marco para formular respuestas apropiadas dirigidas a hacer frente a situaciones de crisis provocadas por conflictos o desastres.

En Costa de Marfil, por ejemplo, los trabajadores y los empleadores negociaron conjuntamente un mecanismo para aligerar la carga sobre los trabajadores que habían sido despedidos temporalmente en un contexto de grave recesión económica en 2002, ocasionada por un conflicto armado que de hecho dividió al país en dos. La decisión de extender el período de desempleo temporal remunerado y otras medidas ayudaron a garantizar que el menor número posible de trabajadores fuese despedido y, a la vez, mantener la capacidad de trabajo necesaria

Durante esta crisis actual, causada por el COVID-19, el diálogo social bipartito y las iniciativas conjuntas de los interlocutores sociales para responder al COVID-19 han sido documentados en todo el mundo, incluso en Bélgica, España, Letonia, Marruecos, Pakistán, Suiza y Uganda.

“Confiamos en que este informe inspire a las organizaciones de interlocutores sociales a nivel mundial en lo que concierne al papel complementario que pueden desempeñar en las situaciones complejas de conflictos y desastres, así como en las pandemias como el COVID-19”, declaró Maria Helena Andre, Directora de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT (ACTRAV).

“La OIT seguirá aprovechando la fuerza de nuestra organización – nuestro mandato normativo y el tripartismo – y a canalizar nuestros recursos a fin de apoyar esta agenda compartida”, concluye la OIT en su comunicado de prensa