Diputado Ariel Rodríguez interpone amparo en defensa de fondos federales

Texto: Redacción

Imagen: Cortesía

Ciudad de México. El diputado federal de Movimiento Ciudadano, el guanajuatense Ariel Rodríguez Vázquez, presentó el lunes de esta semana un amparo directo en contra del decreto que ordena la extinción de fideicomisos y desaparición de fondos, entre ellos, el de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El amparo fue ingresado al Juzgado de Distrito correspondiente en materia administrativa de la Ciudad de México.

Como se recordará, el decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de leyes fue publicado el pasado seis de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

El diputado federal señaló como responsables al Congreso de la Unión y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y argumentó tener un interés legítimo como representante de las y los ciudadanos en la Cámara de Diputados y, en congruencia con ello, votó en contra del dictamen por considerarlo inconstitucional.

A decir, del legislador, el decreto es inconstitucional porque “existen violaciones al segundo párrafo del artículo 29 constitucional que establece una serie de derecho inamovibles que merecen protección especial”, porque “existen afectaciones a diversos derechos humanos, en el caso concreto del Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la libertad de expresión”, y “en otros casos, el derecho a la vivienda, a la cultura, al medio ambiente y otros”.

El diputado por el Distrito I de Guanajuato denunció que en el procedimiento legislativo no se cumplieron formalidades esenciales, y que, en su momento, durante la discusión, esas inconsistencias fueron señaladas por su grupo parlamentario y otros diputados; sin embargo, sus inconformidades no fueron escuchadas por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados.

Ariel Rodríguez espera que las autoridades jurisdiccionales analicen las violaciones procesales que expone en la formulación del amparo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

“Espero que la autoridad judicial, como única autorizada para la interpretación de nuestra constitución, atienda cada uno de los conceptos de violación y se pronuncie también sobre principios y derechos humanos y fundamentales que importan a las y los ciudadanos, tales como: el derecho al buen gasto público, al ambiente libre de corrupción, el de progresividad y de los derechos, y por lo tanto, a la no regresión de los mismos”, expresó.

Entre otros fondos que desaparecen, se encuentran también: el Fondo para el Cambio Climático, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a Ahorradores; el Fideicomiso para promover el acceso al Financiamiento de MiPymes y Emprendedores; el Fondo para Desastres Naturales, y el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.

La disolución de los fideicomisos representa un deterioro en la función pública, pues no bastan las presunciones y generalizaciones infundadas sobre la existencia de corrupción en su manejo para que se prescinda de herramientas de administración pública asociados a la garantía y protección de ciertos derechos consagrados en la constitución y las leyes, sostiene el diputado.

“El fin último de la buena administración pública es la protección de los grupos en riesgo de vulneración a través de un marco legal y financiero que permita brindarles condiciones óptimas. La eliminación de este mecanismo pone en entredicho la capacidad del gobierno de responder a las necesidades de la población a través de la proveeduría de bienes públicos que resuelvan los problemas reales”, concluyó Ariel Rodríguez.

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