Por Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- Este viernes el Procurador de los Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba, se reunió a distancia con las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, quienes cuestionaron al procurador sobre el informe correspondiente al 2019.

Empezando la reunión virtual, la diputada Libia García del Partido Acción Nacional (PAN), pidió se detallara el trabajado de la procuraduría con los colectivos y familiares de personas desaparecidas en el estado, un fenómeno que se ha presentado y que “a todos nos tiene atentos y preocupados”, señaló.

Al respecto, el procurador contestó que “se han realizado distintas reuniones con familiares” y se les ha escuchado; informó que se tienen 20 expedientes abiertos por la falta de atención de parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, puntualizó.

Al respecto, agregó que a los municipios de Celaya, Comonfort y Cortazar, donde hay incidencia de desapariciones forzadas, se abrieron 38 expedientes y se realizaron 36 recomendaciones, las cuales fueron aceptadas en su totalidad y están en proceso de cumplimiento por las autoridades municipales.

Montero de Alba reconoció que es un tema que hay que seguir trabajando.

Por parte del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la diputada María Magdalena Rosales Cruz, cuestionó al procurador sobre la violencia de género en el estado, ¿consideraría emitir la alerta de Violencia de Género?, preguntó. Además, advirtió la necesidad de crear una Fiscalía Especializada en Violencia de Género, para que las recomendaciones no solo se queden en recomendaciones. Iniciativa que encabeza la diputada.

En cuanto a la emisión de la alerta de género que compete a la procuraduría, el procurador no contestó de manera directa, pero se dijo a favor de sumarse a la cruzada para eliminar y erradicar la violencia de género y de estar trabajando en ello.

Al respecto de la iniciativa de la diputada Magdalena Rosales sobre la creación de una Fiscalía Especializada de Violencia de Género, para que las recomendaciones no solo se queden en recomendaciones, el procurador dijo que “estamos a favor”, de todo lo que construye, fortalece y suma para eliminar la violencia contra las mujeres, ya no podemos permitirlo, aseguró.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Vanessa Sánchez Cordero, preguntó sobre el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los sujetos obligados y la estandarización de criterios.

Como parte de la respuesta a la diputada  el procurador informó que en el periodo que se informa, las autoridades estatales y municipales aceptaron el 100 por ciento de las recomendaciones, sin embargo, el avance de cumplimiento es de un 84 por ciento, al momento.

“Un reto en el que tenemos que seguir trabajando, es que el hecho vulnerado se repare y la no repetición de estas conductas”, dijo.

En ese sentido se realizaron 148 941 capacitaciones en materia de derechos humanos, de las cuales, 8229 a funcionarios públicos que se encargan de hacer cumplir la ley.

El ombudsman puntualizó que en el proceso de investigación, algo de gran interés para la procuraduría es “tener bien claro la violación al derecho humano que la persona señala”, porque de ahí también se derivan los programas de prevención.

Fueron los diputados J. Jesús Oviedo Herrera y Miguel Ángel Salim Alle del Partido Acción Nacional, quienes cuestionaron sobre la prevención, sobre lo que se está haciendo para erradicar las distintas violaciones a los derechos humanos en el estado, y sobre todo, poner especial atención a las causas de las principales recomendaciones.

Montero de Alba reconoció que las policías municipales son las más señaladas, tienen el mayor número de recomendaciones. Es importante que los policías sepan sus límites, “el policía es un aliado muy importante y es el primer respondiente, es el primer defensor de los derechos humanos (…) nosotros vemos el área de seguridad pública como un Derecho Humano”, señaló.

Señaló el Derecho a la Integridad Física y el Derecho a la Seguridad Jurídica, como los dos principales derechos violentados en el estado.

Al respecto, el procurador confió en que se ha venido fortaleciendo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que los criterios y evaluaciones para ser y mantenerse en alguna corporación cada vez son más estrictos.

Finalmente, José Raúl Montero de Alba, aseveró que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha realizado su trabajo con suma responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos”.

Reafirmó el compromiso de la Institución con contra cualquier persona, en especial en condiciones de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, migrantes, jornaleros, indígenas, mujeres, personas con alguna discapacidad, con preferencias sexuales diversas y privadas de su libertad, “estamos enfocados en aquellos grupos en condición de vulnerabilidad” y ahora, en garantizar los Derechos Humanos frente a los efectos sanitarios como el Covid-19, los efectos económicos y sociales, concluyó.