Por Redacción Imagen: cortesía 

Guanajuato, Gto. – El Pleno de Congreso aprobó la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2023. El gasto programado para ejercerse asciende a los 113 mil 812 millones 657 mil 511 pesos, asignado de la siguiente manera:

• Poder Legislativo $ 698’775,076.00 (seiscientos noventa y ocho millones setecientos setenta y cinco mil setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

• Poder Judicial $ 2,244’070,257.00 (00/100 M.N.) (dos mil doscientos cuarenta y cuatro millones setenta mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)

• Organismos Autónomos $ 8,519’622,965.33 (ocho mil quinientos diecinueve millones seiscientos veintidós mil novecientos sesenta y cinco pesos 33/100 M.N.)

• Administración Pública Estatal $ 71,108’634,703.43 (setenta y un mil ciento ocho millones seiscientos treinta y cuatro mil setecientos tres pesos 43/100 M.N), la cual se distribuye de la siguiente manera:

• Administración Pública Centralizada $ 48,142’318,706.98 (cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y dos millones trescientos dieciocho mil setecientos seis pesos 98/100 M.N.)

• Administración Pública Paraestatal $ 22,966’315,996.45 (veintidós mil novecientos sesenta y seis millones trescientos quince mil novecientos noventa y seis pesos 45/100 M.N.)

• Ramos Generales $ 31,241’554,509.24 (treinta y un mil doscientos cuarenta y un millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos nueve pesos 24/100 M.N.)

Las ampliaciones presupuestales para programas diversos, con sus correspondientes reducciones en otros, alcanzan los 248 millones de pesos.

Al hablar en contra del dictamen, el diputado David Martínez Mendizábal, señaló que una de las razones de su postura son los programas contra la pobreza que se han implementado en la entidad.

Al respecto, mencionó que se pretende destinar recursos a dichos programas que no han demostrado eficacia y están mal evaluados. “La Secretaría de Desarrollo Social y Humano tiene un incremento de 217 por ciento, equivalente a 1,981 millones de pesos por encima de lo aprobado durante 2022”, apuntó.

Refirió que con dichos recursos se nutren proyectos mal diseñados, implementados, dijo, con improntas electorales, y sin evaluaciones que permitan medir su impacto para valorar sus resultados. Agregó que el presupuesto de egresos 2023 va a destinar 963 millones de pesos a programas que cuentan con un diseño débil, sin evidencias de producir impactos y solo que son para el uso político de la pobreza.

“Desde el grupo Parlamentario de MORENA rechazamos este presupuesto de egresos y seguiremos insistiendo en que la lucha contra la pobreza en el ámbito estatal pasa por construir una política social con enfoque de derechos, universalista y basada en evidencias que se sostengan en evaluaciones integrales sobre el impacto de la misma”, concluyó.

Al hablar a favor del dictamen, el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta manifestó que era una reivindicación del estado como un vehículo para promover el crecimiento, como un instrumento de bien común, a fin de construir una sociedad más justa e igualitaria.

Señaló que en el presupuesto se estaban transformando las demandas en una realidad, porque conocían las necesidades de las personas, para que nadie se quede atrás. Habló de buscar el equilibrio con el desarrollo económico, de la integración regional de los 46 municipios para que a cada uno de ellos llegue el progreso y de la obligación que tienen para que el Estado responda a las exigencias ciudadanas.

Dijo que hoy tenían la responsabilidad de aprobar un presupuesto comprometido con el crecimiento, la redistribución y la equidad social; un presupuesto que ha partido de un enfoque de derechos y que se presentaba una política presupuestal en un marco fiscal sólido, responsable, que hace uso del espacio fiscal para construir patrimonio para quienes más lo requieren.

En su intervención, la congresista Alma Edwviges Alcaraz Hernández manifestó que el presupuesto de egresos contempla un incremento nominal de 22.82 por ciento respecto al 2022. Afirmó que como en años anteriores, está marcado por la discrecionalidad y el despilfarro de los recursos públicos.

Después de hablar de varios de los rubros en los que hay un incremento, la legisladora, señaló que era incomprensible que aún con el contexto de violencia actual, se pretenda asignarle 102 plazas al área de Comunicación Social, mientras que para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas apenas se le asignen 23 plazas.

Subrayó que, mientras se favorece el gasto en áreas no prioritarias y en programas sujetos a la discrecionalidad política y uso electoral, se descuidan áreas importantes para la garantía de los derechos humanos.

Finalmente, enfatizó que no podían acompañar la propuesta de presupuesto de egresos porque sigue privilegiando el dispendio y la opacidad, y se insiste en gastar en programas mal evaluados, en remuneraciones excesivas y áreas no prioritarias.

El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos.  Registrándose 28 a favor y 8 en contra.