Por Carolina Oliva

Imagen: Archivo

León, Gto. La Contraloría Municipal confirmó que existe una denuncia penal en contra de Fernando Rodríguez Hernández, director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León (AMSPLG) por parte de una cadete de 21 años de edad.

Rodríguez Hernández continúa en licencia del cargo, la cual solicitó desde el 18 de junio luego de que se hiciera público que existían acusaciones en su contra de cadetes mujeres, por acoso sexual, por lo cual determinó separarse del cargo temporalmente para ser investigado.

El contralor Leopoldo Jiménez Soto informó ante la Comisión de Contraloría del H. Ayuntamiento de León que derivada de esa publicación, hecha en redes sociales por el mediático Adolfo Enríquez Vanderkam, se inició una investigación de oficio que, en un inicio fue complementada por el titular de la AMSPLG, quien en ese momento presentó una denuncia por difamación en su contra.

Para complementar el expediente la contraloría solicitó el apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres (Immujeres) entre las cadetes para buscar testimonios. Tras pláticas impartidas por la paramunicipal en la academia, una de las oyentes solicitó el acompañamiento para realizar su denuncia, tanto al organismo de control como al Ministerio Público.

“Ella presenta queja y presenta denuncia de forma puntual por los hechos que considera que le agravian. De ahí mencionó diferentes testigos, diferentes situaciones y todas las declaraciones ya se han recabado. El tratamiento de ese expediente se lo han dado únicamente mujeres”, informó Jiménez Soto ante la comisión de Contraloría.

Actualmente, ya concluyó la etapa de recabar testimonios y el contralor destacó que una de las testigos clave no ratificó los dichos de la víctima, por lo que se pidió el peritaje psicológico realizado por el área de atención a víctimas de  la Fiscalía General del Estado (FGE).

El contralor resaltó que la denunciante ha llevado acompañamiento jurídico y psicológico de parte del Immujeres y que el proceso podría concluir en una o dos semanas, a partir de que reciban la evidencia faltante.