Redacción
León, Guanajuato. La Contraloría Municipal de León presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), contra dos exfuncionarios públicos adscritos a la Tesorería Municipal.
Se presume que ambos exfuncionarios alteraron el sistema digital del cobro de impuesto predial para modificar el valor comercial de mil dos inmuebles, con lo que el Municipio se dejó de recaudar 8 millones 773 mil 186 pesos, así lo dio a conocer en un comunicado de prensa la Presidencia Municipal de León.
El comunicado señala: “Amerita prisión preventiva al momento que esto se judicialice por la Fiscalía Especializada. El sistema no registra dádivas, pero la lógica dice que tuvo que ser a cambio de algo. Lo que queremos dejar muy claro es que cualquier tipo de acto que cometa algún servidor público de manera desleal, se va a sancionar con todo rigor por parte de esta administración”, afirmó Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal.
La Tesorería Municipal advirtió la posible comisión de estas conductas, luego de que en la actual administración implementó controles aleatorios. Los dos servidores públicos fueron dados de baja desde el mes pasado (marzo), tras lo que se dio inicio a las investigaciones por parte de la Contraloría Municipal.
En el caso de un auxiliar administrativo de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios, afectó el monto de cinco cuentas con lo que se dejó de recaudar la cantidad de 438 mil 02 pesos. El expediente en curso es el CM/DCS/150/2019.
Mientras que otro auxiliar administrativo, quien también tenía acceso al sistema digital, modificó 997 cuentas con lo que afectó al Municipio con un monto de 8 millones 335 mil 182 pesos. Los supuestos hechos ocurrieron a fines de 2017 y a lo largo del 2018. El expediente en curso es el CM/DCS/149/2019.
El alcalde Héctor López Santillana solicitó a la Contraloría Municipal cuidar el patrimonio de los leoneses, aplicar los controles necesarios para prevenir este tipo de conductas y castigar hasta las últimas consecuencias a cualquier funcionario público que infrinja la Ley, concluye el comunicado.
