Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto. –  Este día, continuó la etapa de consulta a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con el análisis del segundo bloque denominado “Justicia, personalidad jurídica y protección comunitaria”, en temas como acceso a la justicia, reconocimientos de autoridades comunitarias en procedimientos, personalidad jurídica, representación legal, prevención de cohabitación forzada, uniones tempranas o prácticas nocivas.

Las propuestas puestas a discusión fueron cuatro iniciativas; la primera, una iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para reconocer expresamente a las delegadas y delegados de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos legitimados para actuar como parte actora en los procesos administrativos.

La segunda propone una modificación al Código Penal para incorporar el delito de cohabitación forzada de personas menores de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender o resistir el hecho, con el objetivo de combatir los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas.

Asimismo, la iniciativa establece una pena de 8 a 15 años de prisión y de 1,000 a 2,500 días multa, con agravantes cuando la víctima pertenezca a un pueblo indígena o afromexicano o se encuentre en situación de vulnerabilidad.

La tercera propone cambios al Código Civil y a la Ley de Representación Gratuita en Materia Civil para armonizar estas normas con el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La última con la finalidad de hacer ajustes a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para prevenir y erradicar las uniones forzadas y tempranas, así como proteger a menores de edad frente a prácticas de cesión con fines de unión formal o informal.

Al hacer uso de la voz, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos argumentó que se presentaban a consulta esas propuestas, convencidos de que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas no constituye únicamente una obligación jurídica del Estado, sino también un acto de justicia histórica y de profundo reconocimiento a quienes, generación tras generación sus tradiciones, sus formas de organización y su visión del mundo enriquecen de manera invaluable la diversidad cultural de la sociedad.

Añadió que su presencia no pertenece solamente al pasado, sino que constituye una expresión    vigente de la pluralidad que define a México y una aportación permanente a su desarrollo social, cultural y humano.

Las personas consultadas expresaron inquietudes sobre precisar que en lugar de delegados autoridades tradicionales; la definición de pueblos y comunidades indígenas para que se le dé énfasis en la continuidad histórica; que no se especifican los tipos de asuntos civiles que se atenderán de manera gratuita; que la autoridad tradicional debe ser elegida por ellos conforme lo establece la Constitución Política; que la propuesta en cuanto a prevenir uniones forzadas era ambigua, ya que se hablaba de tomar medidas integrales pero  no se dice cuales; y que se apliquen becas de reinserción.

También externaron sus dudas sobre cómo aterrizar una iniciativa y ejercerla como derecho; las atribuciones que tienen como autoridad tradicional y como delegado, cómo se delimitan; si una persona no originaria de la comunidad puede elegirse como delegado; entre otros aspectos.

El congresista Roberto Carlos Terán Ramos agradeció la participación de quienes asistieron e indicó que los comentarios que realizaron enriquecen el análisis de las propuestas y, sobre todo, que se respeten sus derechos, así como escucharlos antes de tomar decisiones.

Finalmente, la legisladora Plásida Calzada Velázquez reconoció que se está entrando en otra dinámica, hay más apertura del Congreso del Estado y eso ha contribuido a fortalecer su participación para recabar sus opiniones y comentarios. En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Plásida Calzada Velázquez y Roberto Carlos Terán Ramos. Además, asistieron representantes y miembros de pueblos y comunidades indígenas de la región, personal de la Subsecretaría para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Secretaría de los Derechos Humanos