Por Uriel Cázares Imagen: cortesía
Guanajuato, Gto.- Este martes en sesión de la Comisión de Justicia del Congreso local, se analizó la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, que pretende garantizar a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas en razón de feminicidio u homicidio de su madre, “recibir ayuda médica y psicológica especializada de emergencia; así como servicios de alimentación, educación, jurídicos y las demás medidas de ayuda contempladas”.
Por lo anterior, se propone realizar adecuaciones normativas a la Ley de Víctimas y a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del estado de Guanajuato, esta última, “para que se contemplen como sujetos de derecho a recibir asistencia social a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio u homicidio”.
En la propuesta que se presenta, se informa que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportan 2,746 víctimas de homicidio doloso y 3284 víctimas de mujeres de homicidio culposo en 2021 en nuestros país.
Se agrega que “aunque no hay datos precisos, el Instituto Nacional de las Mujeres, ha señalado que en 2019 “una estimación inicial indica que más de 3,300 niños quedaron en orfandad hasta mayo. El número surge de multiplicar los feminicidios y homicidios dolosos contra las mujeres, 1500 según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por la tasa de natalidad, de 2.21 hijos por mujer según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Siguiendo esta lógica, el año pasado (2018) hubo más de 8,100 huérfanos. Algunas mujeres asesinadas no tenían hijos, pero otras tenían hasta cinco, por lo cual, incluso estimaciones a la baja, de quienes cuenten un niño por mujer, dan más de 3,600 huérfanos en 2018”.
Además, de acuerdo a un estudio de UNICEF realizo en México en 2019, entre 2010 y 2015, 68,211 niñas, niños o adolescentes, fueron víctimas de lesiones intencionales a causa de actos de violencia, predominantemente en edades comprendidas entre los 12 y 17 años.
En el análisis realizado este martes, participó la Coordinación General Jurídica y de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, se manifestó a favor de la iniciativa, dijo que “nos corresponde dotar el marco jurídico adecuado para la protección de niñas, niños y adolescentes (…) y hacer todo lo necesario para que puedan tener una vida sana en situación de vulnerabilidad como la orfandad por el asesinato o feminicidio de las mujeres ante estas circunstancias”.
Finalmente, instruyó que el dictamen se elabore en sentido positivo.
