Por Redacción Imagen: cortesía

Guanajuato, Gto. – Convocadas por la Comisión de Desarrollo Económico y Social se llevaron a cabo tres mesas de trabajo para analizar el mismo número de propuestas legales.

Punto de acuerdo para eliminar el requisito de buró de crédito de dos programas estatales

En primer lugar, se revisó una propuesta para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato para que remueva o solicite la remoción del requisito de buró de crédito del programa Crédito Menor y del Programa Fondo de Arranque a las solicitudes de crédito de hasta 120 mil pesos.

El diputado Ernesto Millán Soberanes habló de los alcances del punto de acuerdo y señaló que se trata de buscar los mecanismos para que los pequeños y medianos comerciantes puedan impulsar, retomar y reactivar su actividad comercial para beneficio de sus familias y de su comunidad.

En ese sentido, el legislador Miguel Ángel Salim Alle comentó que Fondos Guanajuato es una institución que apoya a los micro y pequeños empresarios, y refirió que durante la pandemia apoyó mucho a los industriales de la entidad, por lo que contar con su punto de vista sobre la propuesta era esencial.

Juan Antonio Guzmán Acosta, director general de Fondos Guanajuato, señaló que el tema de buró de crédito constituye una fuente de información para conocer el perfil de los solicitantes, pero no era un impedimento para otorgar un crédito como es en el caso de la banca comercial.

Asimismo, precisó que la institución cuenta con reglas de operación, las cuales son las que dictaminan quienes son candidatos para recibir financiamiento, y el buró de crédito es meramente un informe sobre la situación actual de los solicitantes.

El funcionario agregó que sus reglas de operación para crédito menor sí les permiten otorgarlo a quien tenga un historial de buró de crédito negativo en los índices del 1 al 4 únicamente, los cuales consisten en atrasos de hasta 90 días; mientras que en el caso de los créditos de arranque era diferente.

En general, los participantes coincidieron en no quitar el requisito de buro de crédito, pues no era un impedimento para acceder a los créditos, y se pronunciaron por revisar las reglas de operación para establecer cláusulas que puedan otorgar una flexibilidad para equilibrar los intereses de la ciudadanía para acceder a financiamientos y por otro, las finanzas de la entidad y de Fondos Guanajuato.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Salim Alle señaló que algunas de las personas interesadas en acceder a financiamientos, pero sabedoras de que se encuentran en buró de crédito se auto descalifican debido a que piensan que no cumplirán con dicho requisito, por lo que comentó la importancia de informar a la ciudadanía que se acerque a la institución para verificar sus casos e instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.

Iniciativa de Ley del Primer Empleo y Primera Empresa para jóvenes del estado y los municipios de Guanajuato

El diputado Gerardo Fernández González manifestó que el objeto de la propuesta era fomentar, promover e impulsar la creación de nuevos empleos y primeras empresas para los jóvenes guanajuatenses, otorgando estímulos técnicos, fiscales y económicos, así como acceso preferente a los programas y apoyos.

Precisó que la propuesta tiene como finalidad el poder fomentar, a través de la propia legislación, no solamente la introducción al sector formal de jóvenes, sino impulsar la nueva creación de empresas desde el sector formal en Guanajuato.

También agregó que el empleo es uno de los sectores que más se han visto dañados ante la crisis de la pandemia que se vive, por lo que se deben buscar nuevas formas de incentivar el primer empleo de jóvenes y que, además, cuenten con nuevas oportunidades con la finalidad que se traduzca en una disminución del desempleo.

El representante de la Coordinación General Jurídica comentó que en la iniciativa se discriminaba a diversos rangos de edad; que los estímulos para la contratación de jóvenes ya se encontraban contemplados en diversos ordenamientos; no se atendía el principio de no discriminación; que traería un menoscabo a las finanzas del Estado, entre otros aspectos, por lo que consideró que no se estimaba viable la creación de la nueva ley, dado que lo contenido en la misma ya está considerado como política pública en el Plan de Gobierno y en el Plan 2040.

La titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, Belén del Rocío Espinoza Aguirre, expuso el impacto económico que tendría y precisó que en total la entidad dejaría de percibir, anualmente, 445.55 millones de pesos del impuesto sobre la nómina.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Salim Alle instruyó la elaboración del dictamen.

Iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato

El diputado David Martínez Mendizábal señaló que la propuesta busca crear un órgano ciudadanizado, denominado Comité para la evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato, con la finalidad de medir de manera oportuna la trayectoria de la pobreza en Guanajuato y sus municipios y determinar la relación de esa trayectoria con las políticas estatales de bienestar.

Agregó que no eran suficientes los datos que ofrecía la CONEVAL por que evalúa cada dos o más años y pierden relevancia; subrayó que no importaba el mecanismo que se empleé sino remediar la necesidad.

El representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano expuso que la medición de la pobreza era un tema concurrente; que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) era la instancia que tenía interdependencia, autonomía y que fue creada para la evaluación de la política social; que estaban a favor de que se realicen evaluaciones; que cuentan con un Consejo Consultivo actualmente; entre otros aspectos.

En su intervención, la titular de la Unidad de estudios de las Finanzas Públicas manifestó que si tenía un impacto presupuestario por que la existencia de ese nuevo ente deberá establecer una estructura organizacional.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Salim Alle solicitó la elaboración del dictamen.