Por Redacción

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León, Gto. Frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Ángeles Ayala Díaz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para ampliar de 8 a 12 semanas el derecho a recibir asistencia médica y atención hospitalaria, a los trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que pierdan su empleo.

 “En esta contingencia sanitaria del coronavirus que se vive a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo –OIT- contempla para los países de ingresos medio-altos, como México, la pérdida de 1.7 millones de empleos, en caso de impacto económico bajo; de 4.1 millones si hay un impacto medio y 7.4 millones si el impacto es alto”, expuso la legisladora del  municipio de León en un comunicado de prensa.

Aunque el presidente de la república ha llamado a conservar los empleos, dijo, el estado de emergencia que vive el país está limitando los establecimientos comerciales y parando la industria nacional, por lo que de continuar con esta tendencia, no podrán permanecer abiertos por mucho tiempo y se verán en la necesidad de despedir personal, ante la falta de ingresos y el nulo respaldo del gobierno federal.

La legisladora recordó que en el caso de la pandemia del AH1N (influenza) en 2009, en el mes de abril de ese año se perdieron 31 mil062 plazas formales. Entonces, el gobierno mexicano buscó contener los despidos al promover la exención del impuesto sobre nómina y descuentos temporales en las aportaciones a seguridad social y al fondo de vivienda.

“Las autoridades sanitarias del país han manifestado que la pandemia de coronavirus podría extenderse hasta septiembre u octubre. Frente a este escenario, es urgente tomar medidas inmediatas”, puntualizó la diputada por el Tercer Distrito Federal.

Actualmente el artículo 109 de la Ley del Seguro Social prevé que cuando un trabajador pierde su empleo tiene derecho a los servicios de salud otorgados por el IMSS durante ocho semanas posteriores al término de la relación laboral.

Con esta iniciativa, al quedarse el trabajador  sin empleo formal, y por ende sin ingresos, se le estaría apoyando a él y a sus beneficiarios garantizándoles 12 semanas la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, disminuyendo con ellos los resultados negativos de posibles afectaciones en una situación de alto riesgo para su salud, como la actual contingencia sanitaria.