Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto.- La iniciativa de la diputada Plásida Calzada Velázquez busca otorgarles certeza jurídica y terminar con su estado de indefensión; fue respaldada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Ferro Baeza, la diputada presidenta de la comisión de justicia María Eugenia García Oliveros y por el diputado morenista David Martínez Mendizábal.

La mesa de trabajo de la Comisión de Justicia fue el marco en el que el Grupo Parlamentario de Morena cerró filas para impulsar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como personas morales en el Código Civil. En la sesión, la defensa de la iniciativa estuvo a cargo de su promovente, la diputada Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la Diputación Permanente, y fue respaldada por el coordinador de la bancada, Ricardo Ferro Baeza, y el diputado David Martínez Mendizábal.

La legisladora Calzada expuso con ejemplos claros las problemáticas cotidianas que enfrentan las comunidades por carecer de esta personalidad jurídica. Mencionó el caso de la comunidad Otomí del Picacho, en Tierra Blanca, donde el cierre de un acceso a un depósito de agua potable afectó a toda la población sin que esta pudiera defenderse legalmente como colectivo.

Asimismo, subrayó que las más de 90 comunidades indígenas del estado constantemente reciben donaciones de terrenos por parte de particulares para la construcción de calles y espacios públicos; sin embargo, al no ser reconocidas como personas morales, no pueden formalizar estos actos ni exigir su cumplimiento. “Si dentro del Código no nos están otorgando el reconocimiento como personas morales, nos están dejando al sector de pueblos y comunidades indígenas en un estado total de vulnerabilidad y de indefensión”, señaló la diputada Plásida Calzada.

La diputada de Morena explicó que, con la reforma al artículo segundo de la Constitución Federal, ya se les dota de personalidad jurídica y patrimonio propio. Por tanto, es indispensable armonizar la ley local para que puedan celebrar contratos de compraventa, de prestación de servicios para obras comunitarias, especialmente al gestionar recursos federales, y sobre todo, acudir a los órganos jurisdiccionales para exigir el pleno cumplimiento de sus derechos. “Si excluimos a los pueblos y a las comunidades de este reconocimiento, se está constituyendo una discriminación que indudablemente nos pone en desventaja”, afirmó.

La propuesta fue secundada por el diputado David Martínez Mendizábal, quien destacó la importancia de aplicar el principio de progresividad de los derechos humanos y no postergar la justicia para las comunidades. Recordó que incluso el Poder Judicial, el órgano encargado de interpretar la ley, sugirió durante las mesas de trabajo la necesidad de impactar el Código Civil para dar mayor claridad y certeza: “Se trata de hacer avanzar los derechos de las comunidades indígenas, y si este impacta el avance de sus derechos y si el Poder Judicial nos está sugiriendo que lo impactemos, pues hay que hacerlo”, concluyó Martínez Mendizábal.