Por Uriel Cázares
Aprueba la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, el dictamen de la iniciativa de Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el estado de Guanajuato y sus municipios, presentada por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Con este dictamen a favor, esta iniciativa podría ponerse a consideración del pleno en la sesión del próximo jueves.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Rolando Alcántar Rojas, puntualizó que el tema cobra especial relevancia por el incremento de la incidencia delictiva y ante las formas de violencia que se están presentando.
El diputado informó que “lo que impone esta Ley es tener una perspectiva de prevención social de la violencia y la delincuencia para todas las políticas públicas y todos los programas de gobierno que tengan este tipo de contenido social”.
En cuanto a la aplicación de esta ley, Rolando Alcántar, puso como ejemplo el desarrollo urbano, el crecimiento de las ciudades, ahora, los programas de ordenamiento territorial de los municipios tendrán que tener este enfoque de prevención, como las vías de acceso a los fraccionamientos, los proyectos para espacios públicos, los parques lineales, etc.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, reconoció que en la Ley no se estable la obligatoriedad de los municipios a destinar un presupuesto para la prevención debido a la soberanía hacendaria, sin embargo, se obliga a que cada municipio tenga una Comisión que vigile “específicamente que en todas las materias se aplique esos temas de prevención social”.
Rolando Alcántar, señaló que esta Ley contempla un Sistema de Evaluación de Datos y Estadística Criminal. Se estable también que cada año se haga un estudios de evaluación concreta de impacto y avance de las políticas públicas en materia de prevención.
En cuanto a los recursos estatales para llevar a la práctica esta Ley, señaló que el Sistema Estatal de Seguridad Pública, tiene directamente a disposición, 120 millones de pesos etiquetados para la prevención de la violencia.
Hay otros 170 millones de pesos, de un fideicomiso que saldrían de la reforma hacendaria al impuesto sobre la nómina y el impuesto a los autos de lujo, pero sobre esos recursos no solo decide el gobierno del estado, también la sociedad organizada decidirá sobre su aplicación.
Para finalizar, el presidente de la Comisión, refirió que es “más barato apostarle a la prevención que a las consecuencias de cualquier cosa”.