Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto. –  El Pleno de Congreso aprobó la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2026. El gasto programado para ejercerse asciende a los 140 mil 331 millones 093 mil 736 pesos, asignado de la siguiente manera:       

• Poder Legislativo $ 824,419,983.76 (ochocientos veinticuatro millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos ochenta y tres pesos 76/100 M.N.) 
• Poder Judicial $ 2,747,225,783.00 (dos mil setecientos cuarenta y siete millones doscientos veinticinco mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) 
• Organismos Autónomos $ 9,867,293,482.14 (nueve mil ochocientos sesenta y siete millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 14/100 M.N.) 
• Administración Pública Estatal $ 89,810,972,669.02 (ochenta y nueve mil ochocientos diez millones novecientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.), la cual se distribuye de la siguiente manera:  
• Administración Pública Centralizada $ 62,897,874,951.45 (sesenta y dos mil ochocientos noventa y siete millones ochocientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos 45/100 M.N.) 
• Administración Pública Paraestatal $26,913,097,717.57 (veintiséis mil novecientos trece millones noventa y siete mil setecientos diecisiete pesos 57/100 M.N.)
• Ramos Generales $37,081,181,818.08 (treinta y siete mil ochenta y un millones ciento ochenta y un mil ochocientos dieciocho pesos 08/100 M.N.)

Las ampliaciones presupuestales para programas diversos, con sus correspondientes reducciones en otros, alcanzan los 200 millones de pesos.   

Como autor del dictamen hizo uso de la voz el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta indicó que el dictamen de la Ley del Presupuesto General de Egresos era una inversión histórica y que asciende a una cantidad superior a 140 mil millones de pesos y es un instrumento que tiene su base en una planeación ciudadana y sobre todo sostiene el rigor técnico de encontrarse alineado a los ingresos aprobados, cumpliendo con los principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.

Apuntó que más que un conjunto de números y anexos representa la voluntad y las esperanzas de toda la gente de Guanajuato, porque es un presupuesto que busca el bienestar de todas las familias del estado, sin excepción alguna.

Zanella Huerta precisó que el presupuesto va por la mejor inversión que todo gobierno debe realizar y son la educación, la salud y la seguridad; que se atienden sectores claves como la Niñez, la Adolescencia y los proyectos como perspectiva de género.

Añadió que tiene un enfoque municipalista, porque es un presupuesto que no es de escritorio sino de territorio y va en acciones que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de todas las y los guanajuatenses. Asimismo, puntualizó que la inversión sube más del 90% para fortalecer MIPYMES, emprendimiento, campo e industria.

Finalmente indicó que se apuesta por un gobierno cercano, más eficiente, transparente, con simplificación de trámites y cuentas claras.

Al hablar en contra del dictamen, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo indicó que el presupuesto estatal ignora al pueblo con cifras fías y decisiones relacionadas con temas de corrupción, al no asignarse recursos a la pensión de personas con discapacidad, incurrir en temas de machismo institucional, asignaciones de recursos a una fiscalía con acciones fallidas, la disminución en los programas alimenticios y más abandonos en tema de medio ambiente, personas migrantes, entre otros temas sociales.

Agregó que su grupo parlamentario no será cómplice de un presupuesto que no ve por quiénes más lo necesitan, que recorta derechos y aumenta privilegios, por las fallas técnicas y la falta de eficiencia en las asignaciones.

La congresista Luz Itzel Mendo González se pronunció a favor del dictamen, apuntó que era un momento decisivo para el estado, se trataba de definir las prioridades que impactarán en la vida de millones de guanajuatenses el siguiente año. Indicó que la gobernadora del estado estaba cumpliendo su palabra con el aumento al campo y a la Secretaría de Mujeres, seguridad, salud y educación.

Resaltó que no es una firma en blanco sino el inicio de la fiscalización de mañana y que estarán vigilando que cada peso destinado a obra pública cumpla con criterios de sustentabilidad, que lo orientado a agua y medio ambiente se traduzca en acciones para mitigar la crisis hídrica que se tiene y que cada acción vaya encaminada en beneficio de la población.

Por su parte, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor habló en contra del dictamen. Precisó que a la ciudadanía de Guanajuato sí le es de importancia saber de dónde proviene el dinero de gasto público, en el que se ha caracterizado por la falta de oportunidades, del dispendio político y de la deuda irresponsable.

Añadió que en Guanajuato se va a seguir asignando más de $230 millones de pesos para el año 2026, que es un recurso que no tiene utilidad pública, ni atiende las necesidades básicas de la población, que se suma al aumento de salarios de las nóminas de funcionarios.

Concluyó diciendo que el pago de nóminas para personas en relación con la titular del Poder Ejecutivo es más importante que las necesidades de las personas, además de que el paquete fiscal es un engaño estructural que no prioriza el futuro, no toma en cuenta a la gente y no fomenta el desarrollo con recursos propios.

En su intervención, la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla se refirió al cambio climático que, dijo, no es una agenda aislada ni un cambio sectorial porque se siente todos los días, desde el acceso al agua, la salud, la movilidad, la producción, la economía y la seguridad alimentaria, por lo que reconoció el presupuesto transversal en la materia, ya que se entiende que el tema no puede recaer en una sola dependencia.

Añadió que se requiere una acción coordinada de todo el gobierno para enfrentar el citado fenómeno y que el anexo refleja que diversas dependencias están contemplando un componente climático desde su planeación. Subrayó que esa incorporación es un punto de salida, que debe tener un acompañamiento de indicadores claros, medibles y verificables.

Al realizar señalamientos en contra del dictamen, la diputada Martha Edith Moreno Valencia comentó que se están priorizando intereses a corto plazo de sectores privilegiados por encima del bienestar colectivo, la equidad y la transparencia fiscal que la ciudadanía exige, por las asignaciones de recursos que no responden a criterios claros de prioridad social.

Agregó que los presupuestos deben orientarse a la inversión pública en salud, educación, seguridad, desarrollo económico inclusivo, entre otros, pero que dicha distribución es un retroceso en la protección de derechos básicos, junto a profundizar la desigualdad entre municipios y comunidades marginadas.

Finalmente, comentó que se carece de mecanismos de transparencia y participación ciudadana, que incrementa el riesgo de opacidad y corrupción, no se contemplan criterios de sostenibilidad financiera, se tiene la falta de equidad fiscal, que en su conjunto ahondan las brechas territoriales y se limita el acceso a servicios públicos esenciales.

A favor del dictamen, la legisladora Susana Bermúdez Cano habló acerca del plan de trabajo que se aprobó en Comisión para la Igualdad de Género y su relación con el aumento en el presupuesto para que se garantice la prevención, detención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, así como promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida

Indicó que eso se cumple con el anexo transversal en materia de mujeres e igualdad de oportunidades con más de 7 mil millones de pesos distribuidos en acciones que inciden en el ejercicio de los citados derechos, con 40 programas que contienen intervenciones y buscan impacto directo en la igualdad sustantiva y en cerrar brechas de igualdad.

Finalmente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks también expresó que estaba a favor del dictamen, al externar que se deberían estar deliberando las prioridades, las adecuaciones y las mejores formas de respuesta para la ciudadanía, y que un Congreso serio tiene que ver el cumplimiento del presupuesto, a lo que indicó que se denomina control gubernamental.

Agregó que no hay protesta sin propuesta, en la que se espera que existan diversas proposiciones y no caer en ser retrógrados políticos que cuando no tienen la razón lo único que se hace es recurrir a la descalificación.

Finalmente, precisó que Guanajuato merece una mayor deliberación en el que existe un ejercicio serio en lo relativo al paquete fiscal, mismo que se puede mejorar y por ello solicitó a sus homólogos el voto a favor.

El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos.  Registrándose 24 a favor y 12 en contra.