Por: Redacción Imagen: Cortesía

Guanajuato, Gto.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa de la diputada de Morena, Jenny Oliveros, para reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y establecer mecanismos que impidan al Poder Ejecutivo mantener en la congeladora leyes y decretos aprobados por el Poder Legislativo mediante la omisión de su promulgación y publicación.

La propuesta, en materia de “veto de bolsillo”, busca cerrar el paso a una práctica que permite al Ejecutivo frenar, en los hechos, decisiones legislativas sin ejercer formalmente su facultad de veto, debilitando así el equilibrio entre poderes y la voluntad expresada por las y los representantes populares.

Al presentar los alcances de la reforma, Jenny Oliveros explicó que el derecho de veto es una facultad constitucional que permite al Ejecutivo devolver al Legislativo una ley o decreto para su revisión, como parte de los mecanismos de contrapeso propios de un régimen democrático. Sin embargo, subrayó que esta atribución no puede convertirse en una herramienta para bloquear indefinidamente el proceso legislativo mediante el silencio o la inacción.

La legisladora recordó que Guanajuato ya vivió un episodio de esta naturaleza durante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuando el decreto que expedía la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género permaneció detenido durante cuatro meses, sin ser promulgado ni publicado.

“No podemos permitir que la voluntad del Congreso quede a merced de la decisión de una persona o de la omisión de un gobierno. Las leyes se discuten, se votan y se aprueban; no pueden quedar atrapadas en un escritorio por falta de voluntad política”, enfatizó.

Jenny Oliveros señaló que este antecedente demuestra la urgencia de establecer reglas claras y plazos obligatorios para evitar que el Poder Ejecutivo utilice la falta de publicación como una forma de obstaculizar los avances legislativos y postergar derechos.

Entre los principales alcances de la reforma se establece un plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo promulgue y publique las leyes o decretos una vez concluido el periodo constitucional de veto. En caso de incumplimiento, la disposición se tendrá por promulgada por ministerio de ley.

Asimismo, se faculta a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente para ordenar directamente su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin necesidad del refrendo del Poder Ejecutivo