Por Uriel Cázares Imagen: cortesía

Guanajuato, Gto.- La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, aprobó este miércoles la solicitud del procurador Vicente de Jesús Esqueda Méndez, de llamar a comparecer al presidente municipal de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, “para que explique los motivos de su negativa” de atender las recomendaciones del expediente 101/17-D, emitidas el 30 de agosto de 2022.

El presidente de la Comisión, David Martínez Mendizábal, señaló que este “es el primer caso en la historia de Guanajuato, no hay antecedentes (…) es inédito en el estado de Guanajuato este asunto”.

Mientras que el procurador de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato, menciona en su solicitud, que, tanto en la Constitución federal como en la local, se establece que “las legislaturas de las entidades federativas podrán llamar a solicitud de estos organismos, a los servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.

Al respecto la diputada Melanie Murillo Chávez, dijo que “es un caso lamentable y triste, que se llegue a este tipo de situaciones en el caso de un presidente municipal”; agregó que se debe “dejar claro el respeto que debe haber siempre hacia las mujeres cuando de por medio se encuentra una persona que llega a tener un nivel de autoridad más alto que ella”.

La legisladora explicó que la recomendación de la PRODHEG que el presidente municipal de San Diego de la Unión se negó a atender, consiste en lo siguiente:

“Es obligación de la autoridad señalada como responsable, reparar el daño de forma integral y efectiva el daño sufrido como consecuencias de las violaciones de Derechos Humanos cometidas. se dirige al Ayuntamiento de San Diego de la Unión como superior jerárquico de la persona señalada servidora pública, por lo que el Ayuntamiento debe instruir al presidente municipal que ofrezca una disculpa pública institucional, un rechazo enérgico y absoluta de agresión hacia las mujeres y hacia cualquier persona que trabaje en la función pública municipal”.

La disculpa se hará tomando en cuenta la opinión expresa de la persona quejosa, tanto en su aceptación como en lo relativo a su publicidad.

Además, el Ayuntamiento deberá instruir a la instancia competente para que inicie el procedimiento administrativo que corresponda para determinar la responsabilidad administrativa en que se hubiese incurrido, con pruebas y argumentos plasmados en la investigación de PRODHEG.

La autoridad deberá gestionar las medidas necesarias para que se ofrezcan medidas de rehabilitación y atención psicosocial a la víctima y dar constancias de ello a la PRODHEG.

“Un hecho inédito que tiene que sentar un precedente en este camino de lograr la equidad y el respeto a las mujeres” y la no repetición de los hechos, finalizó.

Ahora lo que sigue es que la secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, comunique a Juan Carlos Castillo Cantero, presidente municipal de San Diego de la Unión, Guanajuato, la obligación de su comparecencia.