Por CIMACnoticias/Anayeli García Martínez

Ciudad de México.-Hasta el mes de abril 155 organizaciones convocadas por “Las Constituyentes Feministas CDMX”, “Nosotras Tenemos Otros Datos” y “Brujas del Mar”, e integradas en “La Observatoria Ciudadana” para vigilar el desarrollo del actual proceso electoral, han ubicado 72 políticos en funciones y candidatos señalados de abuso sexual, violación, violencia intrafamiliar, pederastia, lesiones y pornografía, entre otros delitos.

Esta lista de supuestos agresores que compiten por un cargo de elección, muestra que el aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta dos denuncias penales por violación sexual y es señalado de acosar sexualmente a otras mujeres, no es el único político mexicano con antecedentes de violencia que intenta ser electo en junio próximo para ocupar un cargo de poder.

Cumplir esta tarea de vigilancia no es fácil. En el país se elegirán 21 mil cargos, entre ellos 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, diputaciones locales en 30 congresos e integrantes de ayuntamientos en 29 entidades. Solo para competir por diputaciones federales los partidos registraron 3 mil 471 fórmulas. Las agrupaciones civiles quieren comprobar que estos candidatos no cuentan con señalamientos, denuncias, investigaciones o sentencias por delitos relacionados con violencia de género.

A pesar del trabajo que implica esta revisión, las colectivas están poniendo el foco en las denuncias en redes sociales, en particular, aquéllas que se difunden en Facebook y Twitter, en casos que aparecieron en los medios de comunicación, y en los que ellas han acompañado. A la fecha tienen 36 perfiles, con nombre, fotografía, partido político y cargo que ocupan o que buscan obtener en la jornada electoral del 6 de junio. Sin embargo, algunos de ellos ya se bajaron de la contienda.

La feminista y defensora de los Derechos Humanos y fundadora de “Las Constituyentes Feministas CDMX”, Yndira Sandoval Sánchez, aclaró en entrevista que además de esos 36 casos, tienen 10 más que están en verificación y en su base de datos sumaron otros 26 que detectó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. De estos últimos no tienen más detalles debido a que la información es confidencial, pero es un dato que dio a conocer el consejero presidente del instituto local, Oswaldo Chacón Rojas, este 14 de abril.

Declaración 3 de 3

La violencia contra las mujeres en la vida pública siempre ha existido pero, desde 2017, Yndira Sandoval junto con “Las Constituyentes” propuso establecer como regla la “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género”, para que aquéllos hombres que aspiren a un cargo legislativo, de gobierno o administrativo, hagan pública tres declaraciones: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor de mujeres.

En estos comicios el Instituto Nacional Electoral (INE) retomó la propuesta feminista, misma que fue apoyada por diputadas federales. En 2020 el organismo incluyó la “3 de 3” en los lineamientos para que los partidos políticos atiendan, reparen, sancionen y erradiquen la violencia política en razón de género, a fin de evitar que quienes cometan actos de violencia sean postulados.

El organismo diseñó unos formatos que las y los candidatos tuvieron que entregar a la hora de solicitar su registro como aspirantes. En ese documento las personas candidatas y sus suplentes manifestaron, bajo protesta de decir verdad y de buena fe, que no tenían sanción o resolución firme en su contra por ninguno de los delitos y supuestos de la “3 de 3”.  Este requisito fue retomado por organismos electorales locales como el de Chiapas.

Sin embargo, después de recibir esta documentación, el INE y los institutos locales deben verificar la veracidad de lo declarado. El pasado 3 de abril el organismo nacional acordó que tomaría una muestra aleatoria para hacer una revisión. Durante abril la Secretaría Ejecutiva del INE está solicitando información a diversas autoridades para verificar que las y los candidatos no tienen resoluciones firmes relacionados con delitos de violencia familiar, agresiones de género, delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como la calidad de persona deudora alimentaria o morosa.