Por Alicia Arias
León, Gto. Los abogados de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, buscan probar la inocencia de la priista en el ejercicio de tres partidas presupuestales que fueron ejercidas por los ex directores de Tesorería y Movilidad del Municipio de León.
Esta mañana, los abogados Edmundo Iván Lozano Serna y Ulises González Huerta acudieron esta mañana a las oficinas de la Tesorería Municipal a solicitar información sobre el gasto de tres partidas presupuestales, pues buscan comprobar que fueron otros ex funcionarios los responsables de su ejercicio y no la ex alcaldesa.
Al salir de Tesorería, concretamente de la Dirección de Egresos, explicaron que, efectivamente, los responsables de validar las asignaciones de dichas partidas fueron el extesorero, Roberto Pesquera Vargas; y el exdirector de Movilidad, Amilcar López Zepeda. Los abogados dijeron no recordar qué partidas son.
También se apersonó también la jueza Cristina Rábago Morales, del juzgado penal del Sistema Penal Tradicional, quien tiene en sus manos el caso de Bárbara Botello, acusada por el Municipio de León de malversación de fondos públicos.
El abogado, Edmundo Iván Lozano, explicó que acudieron a inspeccionar los documentos por parte del Poder Judicial y a solicitud de la defensa. Es una actividad probatoria, dijo.
“Estamos buscando información precisamente en Tesorería, información porque consideramos que no está claro en la en la averiguación previa que integró el ministerio público. Nosotros consideramos que nos va ayudar para que la jueza tenga claridad respecto de unas partidas que están relacionadas con los contratos y con las dependencias que, a su vez, fueron responsables de estas partidas presupuestales”.
Como se recordará, Bárbara Botello fue detenida por autoridades judiciales la mañana del pasado 30 de mayo, por el delito de peculado, al ser presunta responsable del desvío de 1 millón 577 mil 600 pesos en agravio del Municipio de León.
Botello entregó a las autoridades garantías por un millón 577 mil 600 pesos, que es el monto que se le acusa haber desviado de la administración cuando fue alcaldesa, en el periodo 2012-2015.
