Por: Redacción Imagen: Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- Este lunes al finalizar la presentación del Informe de Buenas Prácticas y Desafíos de la Investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, la periodista Alfonsina Ávila, entregó un pronunciamiento firmado por 126 periodistas a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo y al fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste, en donde se reclama el incumplimiento de acuerdos por parte de la FGE.

PRONUNCIAMIENTO

A más de diez meses de la reunión sostenida el 10 de marzo de 2025 con autoridades estatales, entre ellas el fiscal general de Justicia de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, las y los periodistas de Guanajuato constatamos el incumplimiento del compromiso de informar periódicamente sobre los avances en las investigaciones de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en la entidad.

Dicho compromiso fue asumido tras un pronunciamiento público firmado por 126 periodistas, medios de comunicación y colectivos de búsqueda, como una medida mínima para garantizar verdad, justicia y no repetición. Sin embargo, hasta hoy no se ha entregado información formal, sistemática ni pública ni al gremio ni a las familias de las víctimas, lo que profundiza un clima de indefensión, opacidad e impunidad.

En ese contexto, los periodistas salen todos los días a realizar su trabajo en campo en un estado marcado por altos niveles de violencia, pero también enfrentan hostigamiento de parte de autoridades, principalmente del ámbito municipal, así como de elementos de corporaciones policiacas y fuerzas armadas. Los crímenes contra la prensa incrementan nuestra vulnerabilidad y la  impunidad de estos delitos envía un mensaje de tolerancia frente a quienes buscan silenciar el ejercicio periodístico, tanto de actores públicos como fácticos.

Por el contrario, que esta Fiscalía logre llevar a los responsables ante la justicia y su trabajo de investigación derive en sentencias condenatorias, sería un contundente mensaje desde el Estado para frenar cualquier agresión contra el ejercicio periodístico y el derecho a informar.

Nos preocupa además la reiterada ausencia del titular de la Fiscalía General en las sesiones del Consejo Estatal de Protección, lo que vemos como una falta de compromiso para atender de manera seria y responsable la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En el marco de la visita y presentación “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, con la participación de personal de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, resulta impostergable que el Estado de Guanajuato rinda un informe público y verificable sobre:

• El avance real de las investigaciones por asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, pues a excepción del caso de Israel Vázquez Rangel, caso en el que en 2023 se emitieron sentencias condenatorias en contra de dos autores del crimen, no hay ni sentencias y mucho menos personas detenidas en otros asuntos.
• La aplicación efectiva del Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
• Las sentencias obtenidas y las medidas de no repetición, tanto frente a actores públicos como a actores fácticos que amenazan la libertad de expresión en la entidad.

Reiteramos que sin información, no hay confianza; sin justicia, no hay garantías; y sin garantías, la libertad de expresión en Guanajuato sigue bajo amenaza. Este posicionamiento no es nuevo: es la continuidad de exigencias legítimas que siguen sin respuesta, pese a la gravedad de los hechos y al reconocimiento internacional de que el periodismo en México es una actividad de alto riesgo.

Las y los periodistas de Guanajuato exigimos que los compromisos asumidos dejen de ser declaraciones y se traduzcan en acciones concretas, transparencia institucional y resultados medibles. La protección del periodismo no es una concesión: es una obligación del Estado.

No olvidamos. No normalizamos la violencia.
Y no dejaremos de exigir verdad, justicia y garantías para ejercer el periodismo en Guanajuato.(Fin del pronunciamiento).

Al respecto, el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste, se limitó a decir, “con mucho gusto lo reviso atiendo y convoco a una reunión”, dijo.

Mientras que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que “será importante fiscal, toda la apertura y disposición para que puedan sentarse y revisarr particularmente cada uno de los casos que entiendo ha habido avances relevantes y lo importante es que ustedes estén enterados, están invitados a la mesa para que puedan atestiguar el avance que llevamos”, finalizó.