Por Uriel Cázares Imagen: cortesía

Guanajuato, Gto.- Homicidios, narcomenudeo, prevención, delincuencia organizada, atención a víctimas, fondos-presupuestos, violencia de género y derechos humanos, fueron los principales temas que cuestionaron las y los diputados de la LXV legislatura durante la mesa de trabajo del Análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo en materia de seguridad y paz social.

Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública,  señaló que la postura del gobierno es que “sí está funcionando la estrategia estatal de seguridad (…) Sí se tiene una estrategia, sí se tiene un plan”, aunque también reconoció “que falta mucho por hacer”, dijo.

El secretario de Seguridad Pública, reconoció que aún es alto el número de homicidios dolosos en la entidad, pero informó que la estadística es a la baja, mil homicidios menos según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de acuerdo al periodo que se informa.

La diputada Alma Alcaraz (Morena), mencionó a cuatro organizaciones criminales que se están “disputando diariamente el territorio del estado”; lo cual no negó el titular de la secretaría de Seguridad, a quienes se les relaciona con al menos el 92 por ciento de los homicidios en el estado.

Sobre la situación violenta que padecen Irapuato, León y Celaya, esta última en el primer lugar del Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo; a pregunta expresa por el diputado Martín López Camacho (PAN); Alvar Cabeza de Vaca justificó que las ciudades de Guanajuato están calificadas entre las primeras, porque aquí sí se informa y en otros países “son pocos los que tienen estructurada su información, no hay una estructura formal de rendición de cuentas (…) además, no encontramos ni metodología ni bases científicas de ese estudio”que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), argumentó.

Los delitos al alza, de acuerdo al informe 2021 que se presentó con cifras del Sistema Nacional de Seguridad son: extorsión, narcomenudeo, violación, violencia intrafamiliar, robo a transeúntes, acciones dolosas y robo a casa habitación.

Mientras que a la baja son: homicidio doloso, culposo, el robo a negocio, el robo con violencia, el secuestro y el robo, con cierre al 2021.

Yulma Rocha Aguilar cuestionó el aumento del narcomenudeo de la mano con el aumento del consumo de droga; señaló que el 90 por ciento de los homicidios, de acuerdo a lo que se informa, están relacionados con la venta de droga, por lo que aseguró que está fracasando la política de prevención.

Alvar Cabeza de Vaca, informó que la incidencia del delito de narcomenudeo creció en un 66 por ciento, aun así, “consideramos exitoso el trabajo en prevención”. “Somos el estado que más droga incauta a narcomenudistas”, aseguró.

Agregó que son los jóvenes entre 18 y 26 años los que se dedican principalmente a este delito.

La secretaria de Gobierno, Libia García, lamento que es la casa el lugar de mayor peligro para niñas, niños y adolescentes en materia de violencia, por lo que se está trabajando en políticas públicas para atender estas realidades.

El diputado Adolfo Alfaro Reyes, cuestionó la suficiencia del presupuesto de 10 millones de pesos destinado al Fondo de Ayuda y Reparación del daño que opera la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Libia García, secretaria de Gobierno, puntualizó que ese fondo es subsidiario, primero entra la estructura del gobierno y de acuerdo a cada caso se activa, además de que el gobernador Diego  Sinhue Rodríguez Vallejo, ha sido claro en decir que este fondo nunca va a quedar sin suficiencia presupuestaria, se irán inyectando recursos conforme sea necesario.

Guanajuato es el sexto estado a nivel nacional con mayores recursos aportados a este fondo, aclaro la titular de la Secretaría de Gobierno.

El diputado David Martínez Mendizábal (Morena) señaló “que es evidente la grave crisis de derechos humanos” ligado a la atención integral de víctimas y el derecho que tienen las personas desaparecidas, dijo.

Al respecto, Libia García Muñoz-Ledo señaló que se está trabajando desde la Comisión Estatal de Búsqueda; y aunque reconoció que “el equipo resulta insuficiente para la necesidad que tienen las familias al salir a buscar”, dejo en claro la responsabilidad de los municipios con la reciente creación de las 46 células municipales de búsqueda de personas desaparecidas.

Destacó que esta Comisión Estatal es la única en el país que está haciendo un análisis del contexto, de manera general y de manera individual, “hacemos entrevistas a efecto de recabar datos”; informó que este estudio se dará a conocer en las próximas semanas.

En materia de Derechos Humanos, la secretaria de Gobierno, puntualizó el trabajo transversal que se está realizando y que es obligatorio para todas las instancias que participan, en materia de grupos indígenas originarios y asentados, indígenas migrantes, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad, medidas de reparación integral a víctimas y localización de personas, por ejemplo.

El diputado Martínez Mendizábal, refutó, dijo que las buscadoras siguen pidiendo recurso para material de búsqueda particularmente en Celaya y Juventino Rosas, por lo que no coincide con la versión de que siempre habrá suficiencia de recursos.

Libia García reiteró que la Comisión Estatal de Búsqueda cuenta con lo necesario para realizar su trabajo, “nosotros no solicitamos en ningún momento a las buscadoras que deban llevar material (..) todo es proporcionado por la propia Comisión”, precisó.

Alma Alcaraz cuestionó el déficit de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), que aunque son los mejores pagados, en el estado hay actualmente 1.27 elementos por cada mil habitantes, porqué no se ha hecho lo suficiente para alcanzar el estándar mínimo establecido ¿o seguirán dependiendo de la Guardia Nacional?”, preguntó.

Alvar Cabeza de Vaca, informó que el Consejo Nacional de Seguridad determinó que debe haber 1.8 policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU estableció que debe haber 2.8 elementos de seguridad; sin hacer la separación de elementos federales, estatales y municipales.

Siendo así, y considerando los 6.1 millones de guanajuatenses, en el estado hay 3 mil 800 elementos de la Sedena, 3 mil de la Guardia Nacional, 140 de la Fiscalía General de la República, 700 de la Fiscalía General del estado, 8500 elementos municipales y 4152 de la FSPE, lo que da un total de 20,292 agentes de seguridad trabajando en territorio estatal, lo que da un promedio de 3.29 policías por cada mil habitantes.

Alma Alcaraz, reiteró su posicionamiento, hay un déficit de policías estatales.

La secretaria de Gobierno, Libia García, agradeció “este ejercicio que fortalece el equilibrio de Poderes y que nos permite tener un diálogo franco con el Poder Legislativo”, dijo.

La Mesa de Trabajo de Análisis del Cuarto Informe de Gobierno del ejecutivo estatal en materia de Seguridad y Paz Social, duro más de tres horas. Para verla en línea (clic aquí)