Por Redacción Imagen: archivo

Guanajuato, Gto.- De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) durante el ciclo escolar 2019-2020, 738 mil estudiantes no concluyeron sus estudios, de los cuáles más de 369 mil reconocieron que fue por un motivo relacionado con la enfermedad causa por COVID-19, así lo informó la diputada Katia Soto Escamilla este jueves en Tribuna durante sesión en el Congreso de Guanajuato.

Mientras que en el ciclo 2020-2021, fueron más de 80 mil alumnos de todos los niveles los que desertaron por las complicaciones de estudiar en el contexto de la pandemia.

Con base en este impacto negativo a nivel educativo, es que presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa de reforma a la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guanajuato.

El objeto de las reformas que se proponen es atribuir a la Secretaría de Educación el diseñar y poner en marcha mecanismos para detectar situaciones de abandono o deserción escolar.

Soto Escamilla subrayó que hoy más que nunca, era necesario prevenir y atender los casos de abandono y deserción escolar con la conciencia de que cuando un menor abandona repetidamente sus estudios, no solo implicaba que probablemente se están transgrediendo sus derechos humanos a recibir formación académica, sino que ello también constituía una grave señal de alerta, ya que podrían estar en riesgo otros de sus derechos.

“Es necesario reafirmarlo, si un niño o una niña deserta inexplicablemente de la escuela, esto no es normal, y no debe ser recibido por la sociedad y las instituciones con simple resignación, sino que es necesario que actuemos para conocer los motivos”, argumentó.

En ese sentido, manifestó que proponían que la Secretaría de Educación diseñe y ponga en marcha todos los mecanismos que se requieran para detectar esas situaciones de abandono e informarlas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Estamos convencidos de que esta modificación es necesaria para fortalecer, en la ley y en la vida práctica de nuestras instituciones y de la sociedad guanajuatense, el concepto de que el derecho a la educación no es renunciable”, finalizó, la legisladora.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.